Página oficial de Facebook(Santiago, 20/08/2026). En efecto, con oficio N° 136651/2026 de esta fecha, firmado por el Subcontralor General de la República, el ente de control se dirige a la Subsecretaría del Minvu, además de Senapred, MOP y Sernageomin, pidiendo informar con respecto a la denuncia de fecha 30/07/2026 de Patricio Herman de fundación Defendamos la Ciudad, en contra de ORD N° 392 del 22/07/2026 suscrito por el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu.
La denuncia de Herman se refería a la polémica existente entre la Seremi Minvu de Valparaíso y el DOM de Viña del Mar, y se fundamenta en que en un pronunciamiento previo la Contraloría había señalado que corresponde a la DDU Minvu definir los organismos competentes y las profesiones idóneas para aprobar y desarrollar los estudios indicados en el artículo 2.1.17 de la OGUC. Si bien ese pronunciamiento previo se refería principalmente a las áreas asociadas a fallas geológicas, se hacía extensivo a todos los riesgos indicados en dicho artículo de la OGUC, como se indica expresamente en el oficio OF136651/2026.
Lo que ocurre entonces es que la DDU, por razones que desconocemos, ha dilatado el cumplimiento de su deber y en el caso de Viña del Mar argumenta que no está definido el organismo y las profesiones idóneas para aprobar y desarrollar los estudios asociados a riesgos de remoción en masa, abriendo la puerta al desarrollo de proyectos en áreas de riesgo.
Esto es aún mas grave pues la polémica se referiría a la tramitación de proyectos asociados a la reconstrucción en los cerros de Viña del Mar luego del incendio de 2024, es decir, involucraría por ejemplo viviendas ejecutados por el Estado que podrían verse afectadas en el futuro si se producen lluvias intensas que favorezcan las remociones del terreno donde se construyan esas viviendas.
En otro ámbito, de una u otra forma, lo resuelto por Contraloría afecta al proyecto Alto Santorini del hermano arquitecto del ministro Quiroz, el que fue aprobado por el SEA de la región de Valparaíso a pesar de la oposición formal de Sernageomin, situación irregular que se podría transformar en un nuevo hecho consumado que a la larga terminará afectando a terceros que luego reclamarán a las autoridades de turno.
Recordemos que el artículo 4° de la ley 18.575 señala que: “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. Repetidas veces hemos hecho mención a esta normativa, una de las últimas en el contexto del siniestro del camión de la empresa Gasco donde el MOP ha permitido durante décadas que la Autopista Central opere con barreras en la mediana que no son aptas para contener a vehículos pesados, pese a lo requerido por las bases de licitación, situación que se hace extensiva a otras vías:
Se adjuntan los documentos relacionados.
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