Página oficial de FacebookA raíz de la querella criminal, RIT Ordinaria-4090-2025, por el delito de estafa, ver documento adjunto,interpuesta por la empresa Behnke SpA, en contra de 2 particulares relacionados con la empresa Bodegas San Francisco, razón por la cual felicitamos a su gerenta Paula Behnke, debemos saber que en Chile estamos viviendo una verdadera calamidad silenciosa en materia de seguridad contra incendios en edificaciones. En el caso del “Centro Logístico Vespucio” localizado en la comuna de Pudahuel, por desgracia, es una síntesis brutal de todo lo que ocurre en nuestro débil sistema de permisos, revisiones y control público.
No hablamos de un simple error administrativo, expresión recurrente utilizada por las autoridades, ni de un problema técnico menor. Se trata de un conjunto de erróneas actuaciones profesionales y omisiones institucionales que permitieron que el mencionado complejo de bodegas operara sin las debidas protecciones contra el fuego que exige perentoriamente la normativa vigente, hasta que un incendio arrasó con 19 bodegas, destruyendo el contenido de ellas, dejándose en evidencia que, detrás de los certificados y timbres, había una institucionalidad absolutamente incompetente.
Lo más inquietante es que éste no es un caso único. La empresa Bodegas San Francisco ya había visto arder su “Centro Lo Aguirre” en 2023 y luego el "Centro Logístico Vespucio" en 2024, acumulando demandas del orden de los 130 mil millones de pesos por los daños causados a sus clientes.
Y aquí aparece el dato que revela un patrón: la arquitecta y el revisor independiente vinculados a ambos proyectos de bodegas son los mismos. Las irregularidades denunciadas por los afectados en orden a que había ausencia de protección pasiva suficiente, documentación de carga de fuego incompleta o inidónea, ausencia de acreditación seria de resistencia al fuego, se repiten casi calcadas.
A esto se agrega una situación gravísima detectada en el Informe Final 403/2020 de la Contraloría General de la República, adjunto, que resume los resultados de una profunda auditoría a la municipalidad de Pudahuel en el ámbito de los permisos de edificación otorgados por el DOM Ricardo Gallardo. En el punto 1.12 de ese informe se consigna que en 2014 este mismo revisor independiente validó con su firma una modificación del proyecto de edificación del centro de Distribución Lo Aguirre, de la misma arquitecta, que vulnera groseramente los coeficientes de constructibilidad y de ocupación del suelo aplicables, permitiendo a Bodegas San Francisco lograr la aprobación de una edificación muchísimo mayor a la permitida. Al incendiarse esa instalación, estuvo una semana contaminando el aire de la ciudad porque no se logró apagarlo completamente al no disponer de un suministro suficiente de agua para la magnitud del siniestro, al estar ubicado el centro de distribución en el área rural fuera del territorio de una concesión sanitaria: los bomberos debieron llevar agua para apagarlo.
Cuando los mismos profesionales intervienen en proyectos que se queman de manera semejante, con deficiencias normativas similares y con consecuencias económicas devastadoras para terceros de buena fe, o que vulneran sin pudor normas urbanísticas elementales, ya no estamos frente a un tropiezo puntual: estamos frente a un modelo de negocio que, con impudicia, externaliza el riesgo hacia los arrendatarios y hacia la comunidad.
Cuando los mismos profesionales intervienen en proyectos que se queman de manera semejante, con deficiencias normativas similares y con consecuencias económicas devastadoras para terceros de buena fe, o que vulneran sin pudor normas urbanísticas elementales, ya no estamos frente a un tropiezo puntual: estamos frente a un modelo de negocio que, con impudicia, externaliza el riesgo hacia los arrendatarios y hacia la comunidad.
En el "Centro Logístico Vespucio" se arrendaban bodegas a terceros bajo la premisa falsa de que era un recinto habilitado, con permiso de edificación y recepción definitiva, otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel. Eso, para cualquier ciudadano razonable, significaba una cosa: el edificio cumple con rigor la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y las normas técnicas de protección contra incendios.
Sin embargo, tras el incendio de febrero de 2024, se pudo constatar algo diametralmente opuesto:
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La estructura metálica carecía de protección contra el fuego suficiente para cumplir las resistencias mínimas que exige la OGUC para bodegas de arriendo.
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Las divisiones entre bodegas no cumplían el estándar de muros divisorios hasta la cubierta, con resistencia al fuego F‑120, que corresponde a esta clase de edificios.
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No existían, en la carpeta municipal, informes de inspección de pinturas intumescentes ni documentación que acreditara la resistencia al fuego de las estructuras metálicas.
Peor aún: se utilizó un “cálculo de densidad de carga al fuego” que jamás fue un Estudio de Carga Combustible válido para el proyecto, con datos hipotéticos, limitado a una parte de la superficie, con errores de dirección y sin reflejar la realidad de las 19 bodegas. Ese documento fue presentado en la municipalidad como si sirviera para definir la protección contra incendios de todo el complejo.
Eso no es un descuido: es una simple maquinación técnica que crea una apariencia documental de cumplimiento normativo, mientras el edificio queda desnudo frente al fuego.
La vergüenza de los arquitectos: el revisor que preside, en la respectiva asociación gremial, a sus colegas revisores
Lo más grave –y esto se afirma con toda claridad– es que el revisor independiente que validó este proyecto es, a la vez, presidente del Comité de Revisores Independientes del Colegio de Arquitectos de Chile. Es decir, quien debiera encarnar el estándar ético y técnico más alto del gremio está hoy formalmente querellado por avalar un proyecto que, en materia de protección contra incendios, no cumplía las exigencias fundamentales de la OGUC.
Ese revisor firmó informes que dan por cumplida la normativa, incluyendo la supuesta existencia de un “estudio de carga de combustible”, cuando el propio documento acompañado a la DOM es un cálculo parcial, con cargas modeladas solo para muebles y ropa de algodón, sin relación alguna con la naturaleza efectiva del bodegaje y sin trazabilidad técnica aceptable. En buen castellano: se presentó un papel para salvar la tramitación, no para garantizar la seguridad de las personas ni la integridad del edificio.
Nos parece una afrenta al gremio de los arquitectos y revisores independientes que alguien, con esta trayectoria en casos emblemáticos –dos centros de bodegaje incendiados en pocos años, sean los mismos actores técnicos, con las mismas irregularidades– siga encabezando el comité que los representa. Un revisor que valida, en los hechos, edificios de bodegas sin protección al fuego efectiva no puede hablar en nombre de la ética profesional de sus pares.
Qué nadie se engañe: la OGUC no deja esto en la nebulosa. Todo edificio debe cumplir las normas mínimas de seguridad contra incendio (artículo 4.3.1 de la OGUC), y las bodegas destinadas a arriendo, cuando no hay Estudio de Carga Combustible real y válido, deben proyectarse como Tipo A, con estructura protegida F‑120, muros divisorios F‑120 y techumbre al menos F‑60.
Lo anterior debe quedar expresamente incorporado en las Especificaciones Técnicas de Arquitectura: soluciones constructivas, materialidades, ensayos oficiales, número de solución del listado MINVU, cuando corresponda. No es una simple formalidad ornamental, es el corazón de la protección pasiva contra incendios.
El arquitecto autor del proyecto tiene la obligación legal de ajustar su diseño a la LGUC, a la OGUC y a las normas técnicas; el revisor independiente, a su vez, está obligado por la Ley N° 20.071 y el artículo 116 bis de la LGUC a supervisar que lo presentado cumpla dichas disposiciones. No puede alegar ignorancia. No puede relativizar estos deberes.
Cuando ambos profesionales –arquitecto y revisor– firman documentos que dan por cumplida una protección contra incendios, que en la realidad no existe, dejan de ser meros técnicos: pasan a integrar la cadena de responsabilidades que permite un negocio inmobiliario sin los resguardos que la ley impone para proteger a terceros.
Pinturas intumescentes, norma NCh 3040 sobre prevención de incendios en edificios y el limbo normativo
En este caso, como en muchos otros, el punto crítico es la protección de estructuras de acero mediante pinturas intumescentes. La OGUC exige que se garantice la resistencia al fuego, y la única forma posible de hacerlo es mediante ensayos reconocidos y un control de aplicación en obra que siga criterios claros.
Mientras se discute en Chile si la NCh 3040 es “obligatoria” o no, ocurren tres hechos preocupantes:
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Se siguen recepcionando obras sin exigir informes de inspección robustos de las pinturas intumescentes.
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El MOP ya está exigiendo en sus obras el cumplimiento de estándares de inspección para pinturas intumescentes a través de sus propias especificaciones, demostrando que el Estado, cuando quiere, sí puede imponer criterios estrictos.
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Y, lo más delicado, existen organismos que emiten informes validando pinturas intumescentes que ni siquiera cuentan con un ensayo oficial, vulnerando no solo los estándares técnicos de referencia, sino también la propia OGUC. Esos informes avalan “pinturas asimiladas” sin el debido respaldo técnico, o derechamente modifican o extrapolan resultados de ensayos en formas que la normativa no permite. La única asimilación aceptable es aquella en que una pintura intumescente internacional se utiliza acompañando el ensayo oficial completo que demuestre, de manera directa, que sirve para las estructuras específicas de la obra. Todo lo demás es artificio documental, no es seguridad contra incendios.
En otras palabras, hay informes que están convirtiendo la excepción técnica (asimilar un producto debidamente ensayado) en una puerta abierta para validar soluciones sin respaldo real, poniendo en jaque la resistencia al fuego que, sobre el papel, se declara cumplida.
Como presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, conociendo la irresponsable repetición de este tipo de actuaciones ilícitas, toleradas por el Estado, lo que hemos publicado en diversas columnas de opinión en algunos medios de prensa, formulamos un llamado directo a las siguientes instituciones:
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Al Colegio de Arquitectos de ChileQue su directiva revise de inmediato la situación del presidente de su Comité de Revisores Independientes, hoy querellado por validar un proyecto que, según los antecedentes, no cumple las condiciones mínimas de seguridad contra incendios, y cuya trayectoria aparece además ligada a más de un incendio de centros de bodegaje de Bodegas San Francisco con demandas millonarias en curso.
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Al Ministro de Vivienda y UrbanismoQue deje de postergar la actualización de la OGUC en seguridad contra incendios; que establezca explícitamente la obligatoriedad de exigir ensayos oficiales y controles de aplicación coherentes con la realidad de la obra, y fije criterios claros sobre qué documentos son válidos para acreditar resistencia al fuego en recepción municipal. Que actualice el listado oficial del comportamiento al fuego y elimine todo lo que no es permitido por la OGUC y el propio reglamento del listado, que elimine las soluciones sin ensayo oficial y las asimilaciones. Esperamos que Carlos Montes entregue resuelta esta situación a su reemplazante Iván Poduje.
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Al Instituto Nacional de Normalización (INN)Qué revise con rigor los informes que emiten los organismos que tiene acreditados en esta materia, porque varios están validando pinturas intumescentes sin ensayo oficial, transgrediendo los estándares técnicos y la OGUC. Asimismo, que ponga fin a la práctica de avalar “pinturas asimiladas” sin respaldo completo o alterando el alcance de los ensayos: la única asimilación jurídicamente aceptable es acompañar el ensayo internacional que demuestre directamente que esa pintura sirve para las estructuras específicas de la obra. Todo lo demás es una mera ficción técnica incompatible con la protección que exige la normativa.
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A la Contraloría General de la RepúblicaQue vaya mucho más allá de emitir dictámenes declarativos. Instamos a su titular, Dorothy Pérez, que ordene la aplicación de sanciones efectivas en aquellas obras que el propio Ministerio de Obras Públicas ha reconocido como no conformes en materia de resistencia al fuego. Aunque este ministerio corrija, el daño ya hecho supone un mal uso de recursos públicos: hubo obras pagadas graciosamente a terceros, con dineros fiscales, a pesar de que esas faenas no cumplían los estándares de seguridad, hubo revisores independientes, consultores y organismos técnicos contratados con fondos públicos que validaron soluciones deficientes, y todo eso debe ser objeto de recuperación de recursos y sanciones.
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Contraloría debe:
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Exigir la devolución o reintegro de honorarios y pagos indebidos asociados a revisiones y controles, equivalentes al 30% del precio del respectivo permiso, que avalaron obras sin resistencia al fuego suficiente.
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Promover sanciones a los inspectores técnicos de obras (ITO) fiscales que autorizaron pagos y estados de avance en proyectos donde no se cumplían las exigencias de protección contra incendios, pese a estar obligados a verificarlo.
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Mantener y reforzar una fiscalización permanente del cumplimiento de la resistencia al fuego en toda obra pública, porque el estándar que aplique el Estado en sus propios proyectos marca el piso mínimo que luego se replica en el mundo privado.
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A las Direcciones de Obras Municipales y revisores independientesQue entiendan que su firma tiene un peso que trasciende lo administrativo. Validar un proyecto sin protección contra incendios es participar en una estructura de riesgo que, tarde o temprano, se traducirá en incendios devastadores, empresas quebradas y, potencialmente, personas fallecidas.
La arquitectura y la revisión independiente no pueden seguir reducidas a sellos en formularios. Son responsabilidades técnicas y éticas de primer orden. Cuando se cumplen, nadie las ve; cuando se incumplen, lo que arde no es solo un edificio: es la confianza de toda una comunidad en los profesionales y en las instituciones del Estado, instancias que imperativamente debieron protegerla.
No podemos esperar el próximo incendio para reaccionar. Los casos aludidos de Lo Aguirre y Vespucio, de la empresa Bodegas San Francisco, con los mismos actores técnicos y las mismas falencias, deben ser un antes y un después para el gremio de los arquitectos y las autoridades. Si no aprendemos ahora, la próxima calamidad no será una sorpresa: será una nefasta consecuencia de la pereza institucional.
Patricio Herman
Presidente Fundación Defendamos la Ciudad
