Defendamos la ciudad

Por Patricio Herman, publicada en La Nación, 27 de octubre de 2005. Hace algún tiempo unas personas habían vendido sus viviendas de un piso, localizadas en Avenida Escrivá de Balaguer, entre el Club de Polo y la Rotonda Carol Urzúa, a inmobiliarias bien relacionadas con los concejales y el alcalde de Vitacura. Esa vía corre paralela al río Mapocho y las normas de edificación en el Plan Regulador son de densidad baja. Para hacer posible la construcción de torres habitacionales en la primera línea, el sector inmobiliario contrató a un arquitecto para elaborar un estudio que tenía que concluir que era indispensable cambiar la normativa para que en la primera línea se permitieran los edificios en altura: nótese, solamente ahí, el resto tenía que mantener las actuales normas. Por casualidad, los vecinos que viven más al sur y que de prosperar el cambio tenían que asumir los costos al residir enfrentando moles de edificios, se opusieron con energía. Finalmente y como el plan era demasiado burdo, quedó en nada. Estamos contentos con el resultado del cabildo ciudadano organizado por los dirigentes vecinales de Villa El Dorado y los barrios Benito Juárez y Los Castaños, llevado a cabo el sábado 15 de octubre pasado en un colegio del sector, a raíz de la pretensión de dicho municipio de modificar las “reglas del juego” para beneficiar los intereses inmobiliarios. Es decir, lo mismo que lo relatado anteriormente. Para justificar este “traje a la medida” del sector interesado, el municipio asevera que las zonas urbanas consolidadas están “deterioradas”, existe “mucha delincuencia” y por ello es urgente implementar una renovación “que permita llegar a la modernidad”. Los organizadores cursaron invitaciones al alcalde y los concejales de Vitacura y a todos los candidatos a diputados y senadores de la comuna, con el propósito de que, de cara a la ciudadanía, tales personeros públicos expresaran sus apreciaciones respecto de la modificación promovida por el sector inmobiliario. Llegaron a la reunión el concejal Sergio Hernández (DC), los candidatos a diputados Leopoldo Sánchez (PPD) y Clemente Pérez (DC) y el candidato a senador Manuel Riesco (Juntos Podemos Más). También estuvo el concejal Hugo Unda (PPD) de Las Condes: todos ellos apoyaron sin reservas a los vecinos. Los parlamentarios de la UDI Pablo Longueira y Julio Dittborn manifestaron por escrito que sus agendas no les permitían acudir y en tanto, Lily Pérez como Cristián Monckeberg, ambos RN, no respondieron la invitación. La dirigente Paloma Martínez condujo la asamblea con acierto. Dio a conocer en detalle a los 400 vecinos asistentes la situación que se les presenta. Dieron sus opiniones decenas de vecinos, los que sin excepción hicieron prevalecer sus derechos consagrados en la actual normativa. Se criticó un artículo publicado en un matutino donde se estigmatiza a la Villa El Dorado como zona de “pobreza” y “delincuencia”. Los ofuscados vecinos señalaron que ese infundio buscaba depreciar el valor de sus hogares y formaba parte de una campaña del sector de la construcción. Como es un conflicto de intereses, donde las autoridades locales privilegian negocios y los residentes optan por preservar su estilo de vida, lo lógico es un arreglo. El camino para resolver la pugna es un plebiscito en las áreas afectadas, como establecen los artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Le decimos al alcalde Torrealba que haga operar la democracia y llame al plebiscito después de las elecciones del 11 de diciembre. También se podría haber visto en las “Primeras Jornadas de Derecho Inmobiliario y Urbanístico”, organizadas por el sector de la construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile, como respuesta de los empresarios preocupados por las crecientes controversias que la opinión pública conoce. Nuestra agrupación le dice a la Cámara de la Construcción que lo más fácil para evitar los conflictos es que sus asociados se ciñan a las reglas y no insistan en postular su teoría de la intangibilidad de los permisos porque cuando éstos violan la ley no son derechos adquiridos, como falló la Corte de Apelaciones la semana pasada con un permiso de la Municipalidad de Las Condes.