Defendamos la ciudad

La Seremi de Vivienda repuso el Nuevo Plan Regulador para Santiago, luego de un trabajo de seis meses de análisis junto a la Intendencia Metropolitana, posteriores a su rechazo en junio pasado por 14 votos en contra y 12 a favor por el Consejo Regional. El plan presenta una proyección de crecimiento para 2030 para ocho comunas de los sectores surponiente y norponiente de la capital, entre ellas Maipú, San Bernardo, Puente Alto, entre otras. La preocupación de la autoridad de la Vivienda tiene su origen en que quedan sólo 6.400 hectáreas de suelo urbano disponible en Santiago, lo que se agotaría en nueve años. En la nueva regulación se incorporan 10 mil hectáreas de terreno, de las cuales 6.520 serán de uso habitacional, 2.583 estarán destinadas a áreas verdes, y el resto irá a obras de infraestructura y equipamiento. Además se exigirá que un 8 por ciento de la superficie de terreno esté destinado a viviendas sociales y que un 60 por ciento de las construcciones habitacionales que se erijan cuenten con algún tipo de subsidio. A pesar de las modificaciones, Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, reiteró que se trata de una ampliación antojadiza que no se justifica legalmente puesto que desde 2003 existe una normativa rigurosa fijada en el Plano Regulador Metropolitano de Santiago, para que se puedan hacer cambios de uso de suelo en los terrenos agrícolas de la región. Dicha disposición, añadió Herman, considera el pago por parte de los privados de todas las externalidades negativas que dicha modificación genera, por lo que el nuevo plan sólo se entiende por razones económicas. “Este plan es una fórmula artificiosa creada por el Minvu para entregar plusvalías patrimoniales a algunos privados porque existe la normativa que permite lo mismo, pero lo que sucede es que las exigencias contempladas en la normativa vigente son más serias que las contempladas en la normativa que se quiere aprobar ahora, es una de las cuantas razones por las cuales nosotros nos estamos oponiendo”, dijo. El presidente de Defendamos la Ciudad cuestionó además la poca información que se le ha entregado a la población sobre los verdaderos beneficiados por este cambio. “La opinión pública hasta el día de hoy no conoce los nombres de los particulares que oportunamente solicitaron al Minvu los cambios en los usos de suelo, razón por la cual solicitamos esa información y el Minvu aduce no tener esa información, una respuesta mendaz porque sabemos que sí la tiene, y se la derivó al Servicio de Impuestos Internos, que aduce otras consideraciones, pero el hecho concreto es que esta situación va a tener que ser resuelta por el Consejo de la Transparencia, dado que nosotros el reclamo de amparo correspondiente”. Según el líder de la agrupación ciudadana hay también razones ambientales para oponerse puesto que desde el año 1996 la cuenca de Santiago fue declarada saturada para cinco tipos de emisiones tóxicas y que el 43 por ciento de la población del país está concentrado en esta región. Similares críticas manifestó Claudio Pulgar, académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, quien planteó severos cuestionamientos al plan y recalcó la inexistencia de una política de regulación del suelo. “No hay un plan, lo que se está haciendo es establecer que toda la Región Metropolitana puede ser urbanizada, pero con grandes costos ambientales y sociales y además sin tener en cuenta el proceso especulativo que se está generando. Hoy día, con una firma, van a haber terrenos que van a aumentar diez veces los precios que tienen actualmente y toda esa plusvalía va a quedar para los dueños, que tienen información privilegiada y no va a poder recuperarse para el sector público”, señaló Pulgar. A partir de hoy los consejeros regionales cuentan con 90 días para pronunciarse nuevamente sobre el polémico plan.