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Los lectores avispados percibirán porqué la inmobiliaria no presentó su acción judicial en contra de la Contraloría y sí en contra de la municipalidad. Sus abogados sabían de antemano que litigar en contra de los abogados del CDE, que representan a la Contraloría, era una tarea muy difícil.
La última columna que publicamos en Estrategia se llamaba “La Corte Suprema tiene la pelota”, en la cual dábamos cuenta -en términos generales- de lo que sucedía con un permiso de edificación del año 2.000, por lo tanto caducado automáticamente y de pleno derecho conforme al mandato del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Ese acto administrativo le fue otorgado hace 16 años por un Director de Obras subrogante de la Municipalidad de Viña del Mar a la Sociedad Comercial de Tiendas Ltda. para que construyera un mall, con edificios habitacionales los que, en conjunto, conformaban un proyecto inmobiliario de alta carga de ocupación sobre la estrecha vía local 14 Norte de esa ciudad. En aquella época la empresa que tenía a su nombre el permiso era de ciertas sociedades, una de las cuales era Cencosud a través de su filial Paris.
Recordemos que en aquella época este tipo de proyectos no tenían la obligación de ser sometidos a un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y se preveía una construcción del orden de los 68.000 m2, sobre y bajo el nivel natural del suelo, considerándose 557 estacionamientos. El permiso fue cursado el 29 de junio de 2000 y el mismo funcionario subrogante resolvió “modificarlo” (sic) con fecha 20 de junio de 2003.
Como vemos, en lugar de declararse la caducidad automática del mismo porque en el plazo de los 3 años iniciales no se habían ejecutado en el terreno las obras preliminares contenidas en el mencionado artículo de la OGUC, el mismo funcionario subrogante optó por darle “validez”, comportamiento asaz pícaro que ya no nos extraña. Años después, el terreno baldío con el permiso, para aprovechar las exageradas normas urbanísticas que contenía, fue comprado por la Inmobiliaria Mall de Viña del Mar de propiedad en partes iguales de Parque Arauco, Ripley y Cencosud, con la vana creencia de que nadie se iba a percatar de la no vigencia del permiso y a fines del 2013 se inició la construcción. Hoy las normas contenidas en el Plan Regulador de Viña del Mar son bastante más restringidas y por ello la inmobiliaria pretendía hacer valer el antiguo permiso.
En vista de lo anterior y como considerábamos impúdico ese comportamiento empresarial, hecho posible gracias a las ayudas de obsecuentes funcionarios públicos, el ciudadano Carlos Valencia, miembro de la fundación Defendamos la Ciudad, formuló la denuncia correspondiente en todas las instancias administrativas y sólo la Contraloría General de la República hizo valer la ley, con lo cual la alcaldesa Reginato conminó al Director de Obras titular que certificara la caducidad del permiso, lo que hizo. Tiempo después, Cencosud vende su porcentaje del 33% de la Inmobiliaria Mall de Viña del Mar a Ripley y Parque Arauco, sociedades que ahora son dueñas en partes iguales de esa empresa.
Molestó sobremanera a la inmobiliaria que la municipalidad, obedeciendo a la Contraloría, hubiera procedido apegada a derecho y por ello interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que falló a favor del demandante, confundiendo los términos “caducidad” e “invalidación”. Los lectores avispados percibirán porqué la inmobiliaria no presentó su acción judicial en contra de la Contraloría y sí en contra de la municipalidad. Sus abogados sabían de antemano que litigar en contra de los abogados del CDE, que representan a la Contraloría, era una tarea muy difícil.
Por lo anterior, el caso llegó a la Corte Suprema porque, tanto la municipalidad como Carlos Valencia, apelaron con sus propios argumentaciones. La 3ª Sala del máximo tribunal llamó a una audiencia de conciliación entre las 3 partes y solo Valencia, con su abogado Paulo Perez, entregó por escrito su propuesta. Hubo otra audiencia en la cual, tanto la temeraria inmobiliaria como la sumisa municipalidad, presentaron sus burlescas propuestas y la ministra que tenía a su cargo la conciliación determinó que el particular Valencia, quien originó el litigio, no tenía derecho a expresar su posición.
Todo volvió a la normalidad cuando el 7 de diciembre pasado conocimos la decisión de la 3ª sala de la Corte Suprema que ordena a las 3 partes, restituyéndose el derecho de Valencia, a un comparendo de conciliación que se realizará el lunes 19 de diciembre próximo a las 13.30 horas, lo cual destacamos y por ello se justifica el título de esta columna de opinión.