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El terreno de 7,2 hectáreas de propiedad parcial del padre del diputado Boric le fue vendido al Serviu para que se construyan allí viviendas sociales. El precio de venta fue de $1.300 millones, en circunstancias que su avalúo fiscal es de $3 millones, es decir, el Serviu debía desembolsar una suma equivalente a casi 400 veces más. El dinero proviene del gobierno y se entregará en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
El terreno era rural y se llamaba Hijuela 36 Sector Sur-Poniente, con rol Nº 5004-19 y a partir del año 2004 modificó su uso de suelo transformándose, vía un Plan Seccional, en urbano, con lo cual se evidencia por el exiguo avalúo fiscal asignado, que el SII durante 11 años no cobró a su propietario las contribuciones de bienes raíces que le correspondía, pues el predio considerado como eriazo sí era apto para construir todo tipo de viviendas, incluso en altura.
La compraventa se hizo por trato directo, es decir, no se llamó a una licitación pública como era obligatorio y el avalúo comercial del terreno fue determinado por el mismo Serviu y no por tasadores independientes. La propiedad del predio corresponde, en partes iguales, al papá del diputado Boric, a la esposa del diputado Morano y a otro particular, dejándose en claro que el favorable cambio normativo en el Plan Regulador de Punta Arenas se produjo mientras el actual diputado Morano era alcalde de esa ciudad.
Está claro que en este polémico episodio el SII deberá cobrar retroactivamente, por los 3 últimos años, las contribuciones de bienes raíces con el recargo respectivo por ser baldío ese predio urbano y nos parece sumamente conveniente que el 25 de enero pasado la Contraloría haya resuelto paralizar la operación mercantil público-privada.
Por lo tanto, ahora los 3 propietarios de ese terreno, en conjunto con el Serviu de Magallanes, deberán de mutuo acuerdo invalidar el contrato de compraventa y enseguida los privados, para obtener la plusvalía territorial derivada del cambio del uso del suelo, tendrán que ofertarlo en el mercado inmobiliario de esa ventosa y hermosa ciudad austral del nuestro país.
El terreno de 7,2 hectáreas de propiedad parcial del padre del diputado Boric le fue vendido al Serviu para que se construyan allí viviendas sociales. El precio de venta fue de $1.300 millones, en circunstancias que su avalúo fiscal es de $3 millones, es decir, el Serviu debía desembolsar una suma equivalente a casi 400 veces más. El dinero proviene del gobierno y se entregará en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
El terreno era rural y se llamaba Hijuela 36 Sector Sur-Poniente, con rol Nº 5004-19 y a partir del año 2004 modificó su uso de suelo transformándose, vía un Plan Seccional, en urbano, con lo cual se evidencia por el exiguo avalúo fiscal asignado, que el SII durante 11 años no cobró a su propietario las contribuciones de bienes raíces que le correspondía, pues el predio considerado como eriazo sí era apto para construir todo tipo de viviendas, incluso en altura.
La compraventa se hizo por trato directo, es decir, no se llamó a una licitación pública como era obligatorio y el avalúo comercial del terreno fue determinado por el mismo Serviu y no por tasadores independientes. La propiedad del predio corresponde, en partes iguales, al papá del diputado Boric, a la esposa del diputado Morano y a otro particular, dejándose en claro que el favorable cambio normativo en el Plan Regulador de Punta Arenas se produjo mientras el actual diputado Morano era alcalde de esa ciudad.
Está claro que en este polémico episodio el SII deberá cobrar retroactivamente, por los 3 últimos años, las contribuciones de bienes raíces con el recargo respectivo por ser baldío ese predio urbano y nos parece sumamente conveniente que el 25 de enero pasado la Contraloría haya resuelto paralizar la operación mercantil público-privada.
Por lo tanto, ahora los 3 propietarios de ese terreno, en conjunto con el Serviu de Magallanes, deberán de mutuo acuerdo invalidar el contrato de compraventa y enseguida los privados, para obtener la plusvalía territorial derivada del cambio del uso del suelo, tendrán que ofertarlo en el mercado inmobiliario de esa ventosa y hermosa ciudad austral del nuestro país.
Fuente: http://www.estrategia.cl/2809/Columna