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La mayor cuota de responsabilidad en esta equivocación le cabe al arquitecto revisor independiente. Sobre la angosta calle Constitución Nº 241 en el barrio Bellavista, comuna de Providencia, la sociedad administradora de fondos de inversión inmobiliaria Cimenta, fiscalizada por la SVS, logró obtener un permiso de edificación para levantar allí un volumen que albergaría 350 estacionamientos, restaurantes, y otros tipos de equipamientos comerciales, sin que los profesionales, tanto privados como municipales, que intervinieron en el análisis técnico del proyecto, se percataran que el mismo, por su carga de ocupación, no se podía situar en el mencionado terreno.
En efecto, dicho proyecto es considerado mediano y la calle Constitución, según el Plan Regulador Comunal (PRC) de Providencia, está clasificada como local, lo que contraviene abiertamente el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) porque sobre estas vías solo se pueden construir equipamientos básicos . El titular de la inversión obtuvo un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por parte del Seremi de Transporte, funcionario público que tampoco detectó la incoherencia señalada, razones más que suficientes para que el caso llegara a la Contraloría General de la República.
Por otro lado, gracias al ojo avizor de un vecino del sector, mientras se ejecutaban las excavaciones, se encontraron unos interesantes vestigios arqueológicos, los que ya están siendo analizados por los profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales.
En nuestra opinión, la mayor cuota de responsabilidad en esta equivocación le cabe al arquitecto revisor independiente, pues con su informe favorable, el arquitecto argentino del proyecto firmó la solicitud del permiso y por ello el proyecto se deberá reducir sustancialmente con el propósito de que el volumen respete el marco regulatorio sectorial.
Digamos en todo caso que el “error” fue detectado por unas vecinas debidamente informadas, las que, como corresponde, denunciaron el hecho en las instancias administrativas correspondientes.