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Está claro que la desaceleración económica voceada por los políticos de la oposición y por las asociaciones empresariales produjo temor en el Poder Ejecutivo y por ello debemos suponer que se le ordenó al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región que hiciera la vista gorda con el mall de Viña del Mar.
Desde hace muchos años estamos dando a conocer ejemplos clarísimos, nunca desmentidos, de diversas malas prácticas privadas toleradas por la Administración del Estado en el ámbito de los sectores de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Transporte, Telecomunicaciones, Obras Públicas y Patrimonio Histórico. Coherente con lo anterior, en la edición del 2 de septiembre de 2014 de El Mostrador Mercados, informamos con lujo de detalles en columna “Ley pareja o privilegios para los poderosos” lo que sucedía en Viña del Mar con 2 proyectos inmobiliarios. Aludíamos al Hotel Hyatt del empresario Álvaro Saieh, a construirse sobre la Avenida San Martín y al mall Marina Arauco 2 localizado en la calle 14 Norte, obra iniciada a fines del 2013 de una empresa determinada, cuyos propietarios son las sociedades del retail Parque Arauco, Ripley y Paris de Cencosud.
La singularidad de estos 2 proyectos, que hacen valer sus permisos de edificación del año 2000, 14 años atrás, tiene relación con el quebrantamiento flagrante del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ya que ambos permisos, por malabares de sus titulares, consentidos por los Directores de Obras Municipales –utilizamos el plural porque en este extenso período han ejercido ese cargo público 2 arquitectos distintos–, debieron ser reemplazados por otros que sí se enmarquen en la reglamentación vigente en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar.
En efecto, uno y otro de estos añejos actos administrativos caducaron automáticamente a los 3 años de sus emisiones y las autoridades municipales, con la inconcebible complacencia de los Seremis de Vivienda y Urbanismo de la V Región –también han sido varios los que han ejercido este cargo–, se han negado sistemáticamente a ejercer sus atribuciones para así favorecer la excesiva rentabilidad de tales proyectos, ya que las normas urbanísticas en el PRC para esos sectores, a través del tiempo, se han hecho bastante más restrictivas, situación que es muy conocida por la alcaldesa, por todos los concejales y por la totalidad de los directivos de ese municipio. Si el Ministerio Público porteño llegara a investigar lo que acontece en estos 2 casos, nos podríamos encontrar con más de alguna sorpresa, ya que los millones de dólares que están en juego llegan a cifras desorbitadas.
Tres situaciones nos han motivado para escribir esta columna :
Uno.- El artículo “Transparencia radical y decencia” de Soledad Teixidó, publicado en este medio el 16/09/14, en el cual aboga a favor de las buenas prácticas en los diferentes mercados porque así se les transmite la necesaria confianza a los inversionistas. La aludida articulista se ha ganado un merecido reconocimiento porque desde hace años promueve, con singular acierto, lo que se denomina Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Dos.- La publicidad que le dio El Mercurio, en su edición del 12/09/14, a los resultados de un estudio elaborado por la consultora internacional Havoscope respecto de los negocios ilegales que se hacen en todos los países y en particular en Latinoamérica. Esa consultora llegó a la conclusión de que la economía ilegal suma los US$ 1,8 billones (millones de millones) en el mundo, y en Chile representa el 0,13% del PIB, siendo uno de los países de la región que tiene menos ilegalidades, las que sumarían los US$ 422,6 millones, con lo cual estamos al nivel de Costa Rica, El Salvador y Ecuador, los 4 menos corruptos.
Tres .- La disoluta noticia de que el ilegal mall Marina Arauco 2 de Viña del Mar, como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas por sus dueños en el débil aparato del Estado, sorprendentemente cuenta ahora con el beneplácito de una sustituta Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, quien el 2 de septiembre de 2014 se dirige al Director de Obras de Viña del Mar, instruyéndolo para que le entregue las facilidades del caso a la inmobiliaria en orden a que puede continuar construyendo. Es evidente que estamos ante una burda simulación, porque en su oficio esta funcionaria no alude a la Resolución anterior del 11 de agosto de 2014, firmada por el Seremi titular, en la cual esta autoridad competente, dando a conocer las ilegalidades comprobadas, ordenó la demolición de todas las obras que violaron el marco regulatorio.
Está claro que la desaceleración económica voceada por los políticos de la oposición y por las asociaciones empresariales produjo temor en el Poder Ejecutivo y por ello debemos suponer que se le ordenó al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región que hiciera la vista gorda con el mall de Viña del Mar y, como sería de una impudicia de marca mayor de que el propio titular se desdijera de sus categóricos dichos, se recurrió a una funcionaria subalterna de esa oficina técnica para que firmara el papelito con el cual se valida una inversión tan necesaria para recuperar el crecimiento económico en esa región.
Por supuesto, con la decisión adoptada en las altas esfera del poder, este proyecto inmobiliario trucho que convalida la impunidad para sus titulares, ahora por arte de magia se ha transformado en legal y, por lo tanto, no será incluido en el trabajoso análisis de la consultora Havoscope y nuestro país continuará campante siendo el menos corrupto de Latinoamérica.
Fuente: http://www.elmostradormercados.cl/destacados/opinion-desaceleracion-e-impunidad/