Defendamos la ciudad

Este negocio inmobiliario, uno de los tres más polémicos de los últimos años, se localiza en un paño de un poco más de cuatro hectáreas entre el canal San Carlos, la Avenida Andrés Bello, la calle Nueva Los Leones y la calle Vitacura, comuna de Providencia, colindando con la comuna de Las Condes. Su impactante volumen se debe a unas especialísimas condiciones de edificación fijadas para ese predio en 1984, plena dictadura, en un acomodaticio Plan Seccional elaborado por el intervenido Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la época para los dueños controladores de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU).

Estas dadivosas, incompletas y mal concebidas normas todavía se mantienen vigentes en el artículo 4.3.16, Zona Especial Ex CCU, del Plan Regulador Comunal (PRC) de Providencia y el predio así reglamentado fue adquirido posteriormente por su actual dueño. En todo caso y como dentro del perímetro, existía el Liceo de Niñas Tajamar, enfrentando la vía Vitacura, cuyo terreno era de la Municipalidad de Providencia, fue necesario demoler la institución educacional y transferir el predio mediante un pago efectuado por el interesado. Esta transacción comercial se formalizó en el año 1997.

Recientemente leímos en un diario de circulación nacional que la torre de 300 metros de altura del polémico megaproyecto Costanera Center se inaugurará en julio próximo siempre y cuando las autoridades centrales y locales acepten la solicitud formulada en enero pasado por el inversionista alemán Horst Paulmann, dueño del consorcio Cencosud, en orden a que las medidas de mitigación establecidas en el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) para su etapa III se lleven a cabo por “subetapas” (sic). Entendemos que en pedir no hay engaño y veremos que dicen esas autoridades sectoriales.

En tal EISTU también se le obligó al titular del proyecto que ejecutara, naturalmente a sus expensas como corresponde, una vía bajo la Av. Andrés Bello la que, ascendiendo en dirección al oriente, se debía conectar con la recién terminada Av. Costanera Sur, también discutida obra vial exigida al proyecto de tres torres redondas llamado Parque Titanium, ejecutado en el terreno área verde del ex estadio Santa Rosa de Las Condes. Por el túnel pendiente de ejecución hubo una ácida controversia años atrás porque Paulmann le pedía al MOP que lo financiara con recursos públicos, ante lo cual algunos ministros de la Concertación se mostraron proclives a acceder al inusitado pedido empresarial.

De este corredor subterráneo nunca más se habló y sería interesante que a esta altura del partido alguien del MOP o de Transportes explicara cuándo se iniciarán  las obras o si, lisa y llanamente, esa obligación contenida en el EISTU que tiene un costo de 40 millones de dólares, en aras de la amistosa relación pública-privada, se le condonó al empresario.

Pues bien, para que se inaugure el coloso, el más alto de Sudamérica, según repiten como loros parlanchines algunos medios nacionales, será necesario que el Director de Obras de la Municipalidad de Providencia otorgue la correspondiente recepción final y al respecto recordemos que las faenas de este megaproyecto se iniciaron con una enorme parafernalia mediática en marzo de 2006, sin que existiera un permiso de edificación válido.

Es más, un año después, en marzo de 2007, ese creativo funcionario municipal cursó un permiso de edificación que resultó viciado, por lo que la Contraloría General de la República, atendiendo una denuncia de la Fundación Defendamos la Ciudad, sancionó a los tres arquitectos municipales que intervinieron en el proceso administrativo. Recordemos que la Ley de Urbanismo y Construcciones es clarísima respecto del inicio de las faenas de todo proyecto inmobiliario: si no hay permiso, lisa y llanamente no pueden comenzar las obras.  

También esa Ley ordena que para otorgarse un permiso para un proyecto que consulte un EISTU, si no está aprobado este estudio vial, tal acto administrativo municipal no se puede cursar: el EISTU fue aprobado por el Seremi de Transportes a fines del 2009(?). Asimismo, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que correspondía a una simple “Declaración”, expedida alegremente por la ex Corema de la región Metropolitana, fue aprobada extemporáneamente, violándose por lo tanto la Ley Ambiental porque, conforme lo establecido en su artículo 8º, el inicio de obras sólo se permite cuando existe esa RCA.

Entre paréntesis, en materia ambiental por una decisión del gobierno de Piñera, buscando hacerles un favor a los empresarios de la construcción, desde el 24 de diciembre pasado los proyectos inmobiliarios, sin importar sus volúmenes, están eximidos de someterse a la Ley en las ciudades y/o regiones declaradas latentes o saturadas, como la Metropolitana de Santiago, lo que quedó refrendado en el Reglamento del SEIA, anomalía que con todos los antecedentes se la objetamos al gobierno anterior el que, ¡era qué no!, miró para el lado. Ante esa desfachatez, con dos abogadas y un arquitecto, los tres expertos, ya nos reunimos con el nuevo ministro de Medio Ambiente para que se restituya la legalidad.

Ahora bien, al empresario top en Latinoamérica se le metió en la cabeza que su torre de oficinas tenía que elevarse hasta los 300 metros porque quería tener en Chile, país donde inició su grandeza económica, un récord de altura y para conseguir ese objetivo el Director de Obras, nos imaginamos que con el acuerdo verbal del ex alcalde Cristián Labbé, consintió en buscar una interpretación leguleya para dejar contento a tan importante creador de riqueza.

En efecto, en lugar de aplicarse la rasante desde el eje de la Avenida Andrés Bello, como lo ordena el marco regulatorio urbanístico, el astuto Director de Obras calculó esa inclinación desplazándose hacia el río Mapocho hasta un punto determinado para que el ángulo le permitiera llegar a los forzosos 300 metros. Y así, con esta imaginativa solución, Cencosud tiene la encumbrada torre que codiciaba su amable y dicharachero dueño.

Con ocasión de los dimes y diretes, por la necesaria y bien preparada Reforma Tributaria, el diputado (PS) Fidel Espinoza denunció públicamente que el Jumbo de Costanera Center paga miserables $ 8.000 por su patente comercial, a pesar de que ahí se venden millones de dólares al mes. En este fantasmagórico escenario de injusticia tributaria, aceptada por nuestras instituciones administrativas, Paulmann no es culpable porque él paga lo que le cobran, pero sí está claro que este proyecto nunca se pudo haber realizado ni en Alemania ni en ningún país serio.  

Paulmann es un hábil empresario, ahora chileno por decisión del Congreso Nacional, cuyo nombre está en el listado de la revista Forbes y por ello sería de mal gusto que el Estado de Chile, miembro de la conspicua OCDE, y los medios de prensa del establishment se refieran a lo que hemos señalado sucintamente en este opúsculo. Terminamos aseverando que, para no cansar a los lectores, no hemos dicho todo lo que sabemos que es menos de lo que conoce el Minvu y otras instituciones públicas.