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Ahora estamos ante un nuevo escenario, ya que la ministra de OO.PP. se ha comprometido a revisar el proyecto. Los últimos gobiernos han intentado llamar a licitación para concesionar el tramo de 13 km de la circunvalación Américo Vespucio, entre el límite norte de la comuna de Vitacura con la rotonda Grecia, comuna de Peñalolén, con el propósito de cerrar el anillo de esta avenida expresa proyectada como tal en 1960.
Las distintas autoridades del MOP, por razones políticas, han propuesto diversas técnicas constructivas con sus correspondientes montos de inversión, desde US$700 millones hasta US$2.000 millones, pero nunca se han relacionado formalmente con las comunidades aledañas a los trazados.
En la última versión oficial publicada en la prensa se hablaba de US$1.500 millones, con un importante subsidio del Estado –lo que no nos parece– para contener el cobro de los peajes, teniéndose en cuenta que los plazos establecidos en los contratos para este tipo de negocios son 30 años.
Los alcaldes de Vitacura y Las Condes han expresado sus aprensiones porque la proyectada autopista subterránea destruirá, en parte, la magnífica área verde localizada en el ancho bandejón de esa avenida. Sabemos que después se recuperará dicho parque pero sus añosos árboles no resistirán, lo que significaría un deterioro ambiental y paisajístico en el sector.
Los alcaldes de La Reina y Peñalolén han estado apoyando las bulliciosas movilizaciones sociales en contra del MOP, ya que estaban previstas unas cuantas centenas de expropiaciones de viviendas en un tramo determinado más al oriente de Américo Vespucio en esas dos comunas.
Ahora estamos ante un nuevo escenario, ya que la ministra de OO.PP. se ha comprometido a revisar el proyecto para que la intervención ingenieril en el parque Américo Vespucio sea lo menos destructiva, renunciando a las expropiaciones de viviendas y señalando que el proyecto se fraccionará en dos partes.
Para que esta concesión se desarrolle es indispensable que el MOP le pida al Ministerio de Desarrollo Social la respectiva evaluación social del proyecto, tal como es inevitable el Estudio de Impacto Ambiental, pero ambas evaluaciones por el proyecto conjunto.