Defendamos la ciudad

Recién conocimos el dictamen Nº 61.211 del ente fiscalizador emitido el 3 de octubre pasado, documento de carácter vinculante para las autoridades locales y del Ejecutivo de la Décima Región de Los Lagos, donde se acogieron las diversas denuncias formuladas a partir del 6 de marzo de 2012 por nuestro colectivo ciudadano en contra del desarrollo de los hechos de esta voluminosa edificación que rompe la escala y estilo del sector en donde se emplaza. La asociación gremial de los arquitectos también recurrió posteriormente ante la Contraloría después de haber recibido una insustancial respuesta sobre esta materia, por parte de Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda y Urbanismo. En esta columna no nos referiremos a la infinidad de ilegalidades cometidas en el proceso administrativo para no aburrir a los lectores y porque El Mostrador ya dio a conocer recientemente el texto completo del referido dictamen, el cual en todo caso se aprecia en la página web de la mencionada institución. En las ocasiones en que la Contraloría decide sancionar a algún funcionario, le reduce en un 5% su sueldo mensual, por una sola vez, con una anotación de demérito en su hoja de vida, medidas disciplinarias que consideramos excesivamente risibles y por ello se siguen cometiendo los denominados errores administrativos que siempre favorecen los negocios de los más importantes actores del mercado. Recordemos que a raíz de este desusado y polémico proyecto se pronunció, vía ORD. Nº 1576 del 17 de abril de 2012, reprochando fuertemente al Municipio, el arquitecto Emilio de la Cerda, en su condición de secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. En nuestras denuncias le decíamos a la Contraloría que este caso se analizara en el contexto del programa anti malas prácticas públicas, en el cual intervienen colegiadamente el ente fiscalizador con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y con el Ministerio Público, éste a través de su Unidad Especializada Anticorrupción. Nos vimos en la necesidad de acusar a la Municipalidad de Castro en los niveles superiores de la Administración del Estado porque no produjo ningún efecto nuestra descriptiva nota del 2 de marzo de 2012 enviada, por correo electrónico, al alcalde Nelson Águila. Esta comunicación iba con copia a María Luisa Cifuentes, directora de obras municipales, quien desaprensivamente había otorgado el permiso de edificación absolutamente ilegal al titular de la empresa inmobiliaria Pasmar. Terminábamos esa carta dirigida a las 2 únicas altas autoridades competentes en los siguientes términos: “Tenemos la seguridad de que usted ejercerá en plenitud sus atribuciones para que así se resuelva el conflicto en el más breve plazo, con lo cual además se estará entregando una potente señal al mercado inmobiliario en orden a que todos sus actores tienen la obligación de obedecer las reglas del juego”. Como es habitual en Chile con un alto porcentaje de los funcionarios públicos, los destinatarios miraron para el lado creyendo que el deplorable asunto se iba a resolver amigablemente con la empresa infractora y para ello firmaron ambas partes, mediante escritura pública del 20 de abril de 2012, un indecoroso Contrato de Transacción en el cual acordaron que el episodio era subsanable. Los avispados firmantes, entre otras cosas, manifestaron : “De conformidad con lo declarado y reconocido precedentemente, las partes, haciéndose concesiones mutuas, expresan que se otorgan el más amplio, completo e irrevocable finiquito en relación con los hechos y actos descritos, declarando que nada se adeudan la una a la otra, con motivo de ellos, renunciando, en consecuencia a todas las acciones administrativas, judiciales o de cualquier índole que puedan ejercer, sin que quede cuestión pendiente alguna relacionada con los mismos, con excepción del cumplimiento de las obligaciones surgidas de este instrumento”. (sic) Como era lógico, la Contraloría concluyó en su dictamen que dicho contrato, el que calificamos de burlesco, no se ajustaba a derecho, lo que nosotros previamente habíamos evidenciado en columna “Mall de Castro : operó la alianza público-privada” divulgada en El Mostrador del 3 de mayo de 2012. Por motivos que desconocemos, a pesar de que la Contraloría dice estar empeñada en una laboriosa tarea para que la probidad sea una realidad en nuestras instituciones y a sabiendas que sus funcionarios no tienen las necesarias habilidades profesionales para detectar los presuntos delitos que se pudieron haber cometido en este caso, nos preocupa sobremanera que no haya trasladado la documentación ni al CDE ni al Ministerio Público, como se lo habíamos solicitado por escrito, conformándose solamente con la realización de simples sumarios administrativos cuyos resultados, de acuerdo a la experiencia que tenemos, se conocerán en uno o dos años más. En las ocasiones en que la Contraloría decide sancionar a algún funcionario, le reduce en un 5% su sueldo mensual, por una sola vez, con una anotación de demérito en su hoja de vida, medidas disciplinarias que consideramos excesivamente risibles y por ello se siguen cometiendo los denominados errores administrativos que siempre favorecen los negocios de los más importantes actores del mercado. Así las cosas y para evitar un nuevo hecho consumado, de los miles que se producen año tras año en nuestra angosta y larga faja de tierra, esperamos que la Contraloría lo piense dos veces y se decida a entregar el completo expediente que obra en su poder a Sabas Chahuán, titular nacional del Ministerio Público y si ello no acontece, tendremos que buscar la fórmula adecuada para que sus fiscales asuman esta tarea judicial.