Defendamos la ciudad

Suponíamos que el Mineduc tiene un registro de los “dueños” de esas fundaciones y corporaciones, pero ello no es así. Este tipo de universidades son fundaciones y/o corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, ello de acuerdo al DFL 1 de 1980 y a la LOCE de 1990. La supervisión de las mismas le corresponde al Mineduc, a pesar de que esas personas jurídicas, regidas por el Código Civil, siempre han sido controladas y fiscalizadas ya sea por el Consejo de Defensa del Estado como por el Ministerio de Justicia. A partir de 1980 el Mineduc, sin decreto ni reglamento alguno, empezó a autorizar que estas universidades pagaran remuneraciones a los miembros de sus directorios y que sus socios fueran sociedades comerciales, es decir, personas jurídicas con fines de lucro. Para facilitarse las cosas, al dictarse ese DFL 1, se contempló en su artículo 17º, hoy artículo 46º de la LOCE, que los privados interesados en constituir universidades sólo debían entregar a ese ministerio una copia de la escritura pública respectiva y así se iniciaban las actividades educativas de las mismas. En vista de lo anterior, le solicitamos al ministro Beyer, conforme a la Ley de Transparencia, que nos entregara un listado con los nombres de las personas naturales y jurídicas, con sus RUT, que son miembros de los directorios de esas fundaciones y corporaciones y de los miembros activos, con sus RUT, que constituyen la Asamblea General, si la universidad es una corporación. Dado que los que obtienen las ganancias con la explotación de la enseñanza superior no son las universidades, sino las sociedades comerciales espejo, era indispensable estar al tanto de sus nombres. Suponíamos que el Mineduc contaba con un registro histórico y con datos actualizados respecto de quiénes son los “dueños” de esas fundaciones y corporaciones, pero ello no es así. En efecto, ese ministerio nos contestó que tal información pública no la tenía y para salvar las apariencias nos entregó algunas copias de escrituras suministradas a él por las propias universidades. ¿Sabrán en la OCDE lo relatado?