Defendamos la ciudad

Recientemente en algunos medios electrónicos de prensa hemos publicado la columna “El más lucrativo de los negocios” en donde se ha entregado una completa información sobre los cambios de uso de suelo en los instrumentos de planificación urbana, refiriéndonos exactamente al caso del polémico y dudoso proyecto de expansión urbana denominado PRMS-100 que transforma 10.000 hectáreas agrícolas en “aptas” para los atractivos negocios inmobiliarios. Pues bien, el 27 de febrero pasado nos dirigimos por escrito a Rodrigo Pérez, Ministro de Vivienda y Urbanismo y a Cecilia Pérez, Intendenta y Presidenta del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, demostrándoles con hechos concretos que esta antojadiza medida administrativa de expandir la ciudad sin que sea necesario debía posponerse, entre otras cosas, hasta que existiera un proceso de participación ciudadana y se dieran a conocer los nombres de la personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar económicamente con dichos cambios. También les decíamos a esas 2 autoridades que era requisito para avanzar en ese discutido proyecto someterlo a la necesaria Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) acorde al mandato de la Ley Nº 20.417 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia respectiva. La senadora DC Soledad Alvear le expresó lo mismo al ministro Pérez porque en toda generación o cambios de los Planes Reguladores Intercomunales, Comunales y Seccionales se debe contemplar la EAE, pero el gobierno se resiste a ello en el caso que nos preocupa actualmente. Como los funcionarios públicos que se han involucrado en la elaboración del mentado PRMS-100 se han equivocado varias veces en redactarlo, la Contraloría General de la República (CGR) no ha podido tomar razón de la Resolución correspondiente. La última vez que Cecilia Pérez envió la documentación a la CGR fue el 29 de marzo de 2012 y el 20 de julio del año en curso, nuestra muy ejecutiva presidenta del CORE se vio en la obligación de pedirle al órgano fiscalizador que le devolviera el legajo de papeles porque se habían detectado otros tantos errores que deberán ser corregidos por la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Esta es la función de la Administración que promueve esta forma especulativa para producir plusvalías territoriales a algunos bien conectados con el poder político. Los actores privados que lucrarán con el recurso suelo están sumamente nerviosos por la dilación que ha tenido este PRMS-100 que, como sabemos, se inició en diciembre de 2006, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Para forzar a su aprobación utilizan el mendaz argumento de que el precio de las viviendas aumenta porque ya no hay terrenos disponibles, a pesar de que sí los hay, como lo ha dicho públicamente el editor del mercado del suelo en la región metropolitana y otros expertos en catastro. Todos aquellos que se desenvuelven en este ámbito de materias saben que el aumento en el precio de las viviendas se debe a los innumerables subsidios y franquicias que los distintos gobiernos han entregado a la demanda y al sector de la construcción inmobiliaria, cuyas grandes empresas, muy bien organizadas en un cartel, financian las campañas políticas de los candidatos en las elecciones populares. Como el gobierno no escucha a la ciudadanía, ni tampoco al Colegio de Arquitectos de Chile, se ha informado que se insistirá en el PRMS-100 y por ello debemos tener presente que la pasada aprobación del CORE a esta iniciativa mercantil está viciada por un lamentable episodio detectado por nuestra fundación, corroborado por la misma actual intendenta, respecto a una mentirilla que quedó al descubierto gracias a la labor del Consejo para la Transparencia. En efecto, el ex intendente Fernando Echeverría cuando forzaba a los consejeros regionales para que aprobaran dicho proyecto, en especial a aquellos preocupados por las áreas verdes, les aseguró que él había firmado con el Ministro de Hacienda un Protocolo de Acuerdo por 80 millones de dólares que serían traspasados de la caja fiscal al Gobierno Regional Metropolitano para solventar los gastos de mantención de las áreas verdes contenidas en la modificación y es más, también ello lo manifestó en las cámaras de televisión. Asombrados por ese regalo público a los desarrolladores inmobiliarios, le solicitamos a Echeverría copia de ese Protocolo y como no respondió, recurrimos de amparo ante el Consejo para la Transparencia. En esta instancia se supo que tal Protocolo existía solo en la fértil imaginación del ex intendente. Con esa "verdad" inducida, por no decir con este ardid, ese conocido empresario de la construcción logró que el CORE aprobara su anhelado proyecto de expansión urbana. Ya que el gobierno está tan interesado en esta forma administrativa de creación de riqueza para quienes poseen ciertas tierras agrícolas que se transformarán en urbanas de acuerdo a decisiones discrecionales del Minvu, lo menos que se debe hacer es que el CORE se pronuncie nuevamente ya que, como vimos, la aprobación pasada está absolutamente viciada. Afirmamos lo anterior, porque el avispado gobierno, especialista en doblarle la mano a la ley, intenta enviar la antigua e ilegítima Resolución directamente a la CGR para su toma de razón, lo que sería francamente burlesco.