Defendamos la ciudad

En 2006 se dictó la Circular 41 que originó una nueva forma de expansión horizontal, que fue rechazada por la Contraloría. Desde el año 2003 está vigente en la RM la normativa urbana que permite construir viviendas en territorios de 300 hectáreas clasificados como agrícolas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). A raíz de ello, algunos actores inmobiliarios han ingresado sus proyectos para que la institucionalidad los autorice. Por diversas razones que conocemos y que no es del caso informarlas en esta ocasión, entre otros motivos, porque no hay espacio disponible, esos PDUC, así se llaman, a pesar de que cuentan con las autorizaciones truchas del Consejo Regional (CORE) y de la ex Corema, no han podido implementarse porque la Contraloría, celosa guardiana de la legalidad, no les da el visto bueno. Accediendo a las solicitudes formuladas por varios poseedores de tierras rurales, en diciembre de 2006, durante el Gobierno de Bachelet, la ministra de Vivienda y Urbanismo de entonces dictó la Circular 41 que originó una nueva forma de expansión horizontal que es bastante más flexible que la vigente: las intervenciones se pueden ejecutar en 60 hectáreas llamadas Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) y esta nueva modificación tiene el nombre de PRMS-100. El CORE y la ex Corema, cada uno por su cuenta, también autorizaron esta expansión que abarca 10.000 hectáreas agrícolas y la Contraloría igualmente rechazó este proyecto hecho suyo por el Gobierno de Piñera. Se le hicieron unos cambios y a principios de marzo pasado la intendenta Cecilia Pérez envió a la Contraloría el nuevo proyecto creyendo que se adscribía al marco legal: nuevo error, ya que el ente fiscalizador detectó nuevas equivocaciones y por ello la propia intendenta, para no sufrir un nuevo bochorno, el 20 de julio reciente le pidió a la Contraloría que le devolviera el mal elaborado PRMS-100.