Defendamos la ciudad

Las empresas descuentan de impuestos estas donaciones y, a pesar de ello, la ciudadanía no conoce sus montos, ni a quiénes benefician. Nuestra acomodaticia legislación consagra el secretismo respecto de las platas que los privados donan a sus candidatos en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. En Chile se habla bastante de transparencia pero en los hechos concretos tenemos un déficit en esta deseable práctica. Así, una concesionaria de obras públicas o una importante constructora está en condiciones de pedir, o en ocasiones presionar, para que se materialicen las “contraprestaciones” cuando sus candidatos ya son autoridades. Los grandes financistas de las campañas electorales son las personas naturales y las empresas, pero la ciudadanía no puede conocer sus nombres porque así lo decidieron los diputados y senadores de nuestra República. Los poderes fácticos, los lobbistas y los grupos de interés se mueven a sus anchas porque, al santificarse la reserva, nadie está en condiciones de analizar el comportamiento obsecuente de algún alcalde con una inmobiliaria cualquiera que le entregó una gruesa suma de dinero para que ganara la elección. Recordemos que las empresas descuentan de sus impuestos estas donaciones y, a pesar de ello, la ciudadanía nunca ha conocido sus montos, ni a quiénes le fueron entregados. En el año 2001 todos los miembros del Congreso Nacional aprobaron en 24 horas una modificación legal para solucionarle el problema a los candidatos de un partido político gobernante, ya que en el proceso de inscripción de sus candidaturas en el Registro Electoral cometieron errores insalvables. Los políticos de ambas coaliciones actuaron corporativamente para que los candidatos en riesgo de no serlos se pudieran inscribir. Y como se hace necesario conocer el origen de los aportes a las campañas de la próxima elección municipal, sería bien visto que la clase política, con la misma celeridad anterior, actuara en consecuencia.