Defendamos la ciudad

Por ahora y debido a diversas falencias de procedimientos, no es recomendable dar curso al proyecto PRMS-100 que intenta modificar administrativamente el uso de suelo de 10 mil hectáreas agrícolas localizadas en ocho comunas periféricas de la contaminada Región Metropolitana, para dejarlas aptas para negocios inmobiliarios en unas denominadas Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC). Por lo anterior, 63 organizaciones ciudadanas y el propio Colegio de Arquitectos de Chile, en forma separada, le hicieron notar a la Contraloría General de la República diversas situaciones que justificaban plenamente el rechazo de ese antojadizo proyecto. Por falta de espacio no podemos dar a conocer todas las irregularidades cometidas, pero como se habla tanto de la transparencia en las actuaciones de la administración del Estado, hasta ahora, el titular de esta iniciativa, Minvu, se ha negado sistemáticamente a entregar los nombres de las personas jurídicas y naturales que obtendrían las plusvalías patrimoniales si se llegara a aprobar esa expansión urbana. Es más, el Consejo para la Transparencia ya resolvió a favor del amparo presentado en contra de la práctica del secretismo, pero el Minvu, desatendiendo dicha resolución, ha optado por mantener en reserva los nombres de los favorecidos con esa política pública.