Defendamos la ciudad

Se produjo una avalancha de solicitudes de anteproyectos de edificación para aprovechar así las normas más permisivas que se derogaron. En diciembre de 2003 se modificaron las normas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, restringiéndose la altura máxima de edificación a 15 pisos, teniéndose en cuenta que en ciertas zonas se podía construir con altura libre. Como a ese municipio se le olvidó aplicar el artículo 117º de la ley respectiva no se congelaron, en el período anterior a la puesta en marcha de ese PRC, los ingresos de solicitudes de anteproyectos, con lo cual se produjo una avalancha de estas para aprovechar así las normas más permisivas que se derogaron. En aquella época la directora de Obras, asistida por la jefa de Edificación, ambas desvinculadas de sus cargos por el alcalde De la Maza, inventaron un habilidoso procedimiento para considerar vigentes los anteproyectos que ya habían caducado, con lo cual prolongaron la vigencia de los mismos y, por ende, se ampliaron los plazos para ingresar solicitudes de permisos, cuyos elevados edificios ya están terminados. Nosotros sabíamos que se habían tramitado una cierta cantidad de permisos, con normas urbanísticas más ventajosas y, por ello, hace un tiempo, quisimos conocer los nombres de las empresas que se habían acogido a las reglas anteriores, construyendo así edificios con alturas muy superiores a las fijadas en el nuevo PRC. Como la municipalidad utilizó ardides para no entregar esa información pública, fue necesario recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia, órgano que obligó recientemente al municipio a que nos entregara un completo listado con los datos necesarios para sacar interesantes conclusiones. Son 77 estos actos administrativos y de ellos un cierto porcentaje corresponde a permisos mal otorgados, los que ya constituyen hechos consumados.