Defendamos la ciudad

En los inicios del Gobierno de Bachelet, el Minvu concibió la figura de las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC) a solicitud de varios actores privados y algunas municipalidades, lo cual iba a significar modificar el uso de suelo de 10.000 has agrícolas para transformarlas en habitacionales mixtas. Este proyecto, denominado PRMS-100, fue apoyado por el Gobierno de Piñera y objetado por 45 organizaciones ciudadanas y por el Colegio de Arquitectos de Chile, quienes oportunamente le representaron a las autoridades competentes las fallas contenidas en el mismo. Como ello significaría otorgar plusvalías patrimoniales a los poseedores de esas tierras situadas fuera de los límites urbanos; solicitamos a ese ministerio, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, que nos entregara un listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar con esa medida administrativa. No fue posible conocer esos nombres porque tal ministerio, aduciendo que no tenía los roles de los predios, trasladó la solicitud de información pública al Servicio de Impuestos Internos (SII), ente que nos entregó un listado incompleto, producto de que sus planos son distintos a los que utiliza el Minvu. Este proyecto fue aprobado en tercera votación por el Consejo Regional (CORE) y rechazado posteriormente por la Contraloría General de la República por contener innumerables irregularidades de forma y fondo. Como en el nuevo PRMS-100 no ha existido un proceso de participación ciudadana, en los términos ordenados en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), y como tampoco se puede pasar por alto la institucionalidad de los gobiernos regionales. Esperamos que la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, exija que este cambio en las reglas del juego territorial sea sometido a una votación en el CORE después de conocerse esa EAE y los nombres de los favorecidos.