22 Diciembre 2011

Desinteligencias Urbanísticas

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia el 22 de diciembre de 2011.

El 8º Juzgado Civil decretó la prohibición de vender los macrolotes que el Minvu ha estado ofreciendo en el mercado. En un reciente reportaje titulado "El nuevo barrio que se levanta al sur del Parque Cerrillos", se afirma que desde el 11 de febrero pasado se permite, en el cono de aproximación del aeropuerto Los Cerrillos, la construcción de edificios en altura. Leímos que en ese terreno se había otorgado un permiso de edificación porque la afectación, por seguridad aeronáutica, había sido levantada con la clausura de la base aérea y que el permiso estaba avalado por la caducidad de la declaratoria de utilidad establecida en el artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), agregando que se están tramitando 16 nuevos permisos. Ahora bien, es efectivo que con un Decreto del Ministerio de Defensa se levantó esa restricción, y también es cierto que el cambio de uso de suelo de las 254 hectáreas del aeropuerto Los Cerrillos, fue declarado nulo por los tribunales de justicia. Es más, recientemente el 8º Juzgado Civil decretó la prohibición de vender los macrolotes que el Minvu ha estado ofreciendo en el mercado. En relación al artículo 59º de la LGUC no cabe su aplicación en ese cono de aproximación, ya que el 11 de febrero del 2011 venció el plazo para renovar, por única vez, la vigencia de las declaratorias de utilidad pública. Entendemos que ese ministerio, titular del proyecto Portal Bicentenario, someterá el cambio urbanístico en el PRMS a una rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ya que para estos efectos con la última modificación de la ley ad hoc, no existen los Estudios de Impacto Ambiental. Si el Servicio, presidido por la intendenta metropolitana, que reemplazó a la Corema aprueba esa próxima EAE significará que se acaban todas las restricciones judiciales y el Minvu podrá licitar los terrenos subdivididos para que el sector privado construya las viviendas que ese ministerio había proyectado, incluyendo naturalmente el porcentaje asignado para las viviendas sociales.



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