17 Mayo 2011

Un Megaproyecto Dividido

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia el 16 de mayo 2011.

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia el 16 de mayo 2011. HidroAysén, gracias a la conocida picardía del chileno, para hacer más fácil la tramitación de los permisos, ha sido dividido en dos partes, una de las cuales, los embalses y las represas, ya fue aprobada. El titular del proyecto dice que la otra parte, la línea de transmisión, ingresará al Sistema de Estudio del Impacto Ambiental en diciembre próximo y que no se iniciarán las obras preliminares ya autorizadas hasta que no se cuente con su aprobación ambiental total, lo que es de perogrullo. Los italianos de Enel –controladores de Endesa– y los Matte, han contado con el irrestricto apoyo del Gobierno de Piñera para que se materialice este proyecto, que ya cuenta con la concesión eléctrica entregada a ellos por el Gobierno de Bachelet en junio de 2006. De concretarse esta iniciativa privada, pero de interés público, se inyectarían 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC). Pues bien, la evaluación ambiental que conocemos correspondió a un proyecto irreal, ya que si el negocio final es vender energía eléctrica, nadie va a invertir sólo en embalsar cauces de aguas. HidroAysén es un megaproyecto nacional conformado por tres tipos de obras civiles, las que conforman lo que en la “evaluación social de proyecto” se reconoce como una “indivisibilidad técnica”, en el sentido que si falta alguno de ellos, el proyecto no cumple su finalidad. Lo cual, quiere decir que su única “rentabilidad social” válida, tiene que medir el efecto combinado de sus tres componentes, no el de uno solo de ellos. HidroAysén produce beneficios y ocasiona perjuicios, y por ello el proyecto completo debe ser analizado considerándose todas sus obras civiles, todos sus “desastres” perennes y transitorios en el territorio eventualmente servido, y todos sus efectos directos e indirectos en las áreas de impacto. Lo anterior, formal y debidamente incorporado a la “evaluación social de proyecto” para que sus externalidades, buenas y malas, sean conocidas por la población y para llevar las cuentas nacionales ordinarias.



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