Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en portal Cambio21 el 10 de febrero de 2011. Hemos sido críticos de los acomodos que se dan en Chile en ocasiones en que los más importantes agentes económicos son detectados en sus picardías para ganar más en este mercado tan imperfecto. Un ejemplo es lo que ha sucedido con el proceso que liberó de responsabilidades a los accionistas de las empresas D&S y Falabella que compraron títulos de ellas conociendo hechos relevantes que el mercado desconocía Hemos sido implacables críticos de los acomodos que se dan en Chile en las ocasiones en que los más importantes agentes económicos son detectados en sus picardías para ganar más en este mercado tan imperfecto y un ejemplo clarísimo es lo que ha sucedido con el proceso que liberó de responsabilidades a los accionistas de las empresas D&S y Falabella que compraron títulos de ellas conociendo hechos relevantes que el mercado desconocía. La acusación se inició hace 3 años atrás y ahora la Fiscalía se conformó con obligarlos a que firmaran dos veces al mes por el plazo de un año y que donaran a instituciones de beneficencia un porcentaje ínfimo de las ganancias obtenidas con las operaciones bursátiles. Esto nos recuerda el episodio de aquella diputada que utilizaba fondos del Congreso Nacional para entregárselos a un operador político de su confianza, quien a la vez, le depositaba esos dineros en su cuenta corriente. En este caso también la Fiscalía fue buena persona con la inculpada y quedó satisfecha con la devolución de los fondos mal utilizados. Por ello compartimos las expresiones publicadas, en un medio de prensa de la plaza, por parte del abogado externo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con ocasión del desenlace de ese affaire en el cual se llegó a un acuerdo de caballeros entre la Fiscalía y 5 de los acusados por el uso de información privilegiada. Así se suspendió el proceso penal y todos quedaron felices, teniéndose en cuenta que los involucrados en las compras de acciones pertenecen a la élite chilena conformada por el 0,1% de la población del país. Entre otras cosas, el abogado externo de la SVS dijo que estábamos ante "el delito más grave de la Ley de Mercado de Valores la sanción es prácticamente irrisoria", agregando "pero el daño es a la credibilidad e institucionalidad del mercado. Ese daño es imperceptible, pero a la larga tiene un costo económico relevante". Este profesional, que sabe bastante acerca de estos asuntos técnicos, con sus dichos antes reproducidos, fue lapidario en su crítica al sistema. Es obvio que con este tipo de comportamientos y arreglos se están entregando claras señales al mercado en orden a que ceñirse a las reglas establecidas es un mal negocio. Los más astutos y los bien relacionados con las cúpulas del poder saben que las leyes deben ser obedecidas solo por las mayorías que ingenuamente creen que vivimos en un Estado de Derecho y que, por lo tanto, las instituciones funcionan, como frecuentemente argumentaba el ex presidente Lagos. Los mimados y aquellos que cuentan con los sostenes de sabihondos abogados de elegantes Estudios Jurídicos siempre se las arreglan para sobrepasar las leyes y en las poquísimas ocasiones en que se descubren sus tropelías, las sanciones son insignificantes : así opera el Estado de Privilegio para las minorías. Ya que estamos hablando de comportamientos espurios, por parte de ciertos privados, relataremos sucintamente un hecho francamente grotesco sucedido en Rancagua, el cual nos lo dio a conocer, con acopio de documentos oficiales, la presidenta de la Junta de Vecinos Parque del Sol de esa ciudad histórica. En el período de la tramitación de unos anteproyectos de edificación, la comunidad reclamó en todas las instancias administrativas de esa ciudad por el eventual inicio de construcciones de viviendas sociales en una zona no apta para el emplazamiento de las mismas, informándonos que también tenían reparos en la entrega de los subsidios y que tales acciones irregulares tenían como único propósito beneficiar a la inmobiliaria que ejecutaba las obras y la EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social), entidad privada promotora de este tipo de negocios. Se trataba de 2 permisos de edificación otorgados el año pasado por la Dirección de Obras de Rancagua a la empresa Inversiones Mena y Ovalle Ltda. para que construyera 126 viviendas y una sede social en un sitio de 10.100 m2 y 80 viviendas con otra sede social en un terreno de 6.700 m2. La Junta de Vecinos aludida, más otras del sector, en razón a que ni la Municipalidad ni la Seremi de Vivienda y Urbanismo de esa región demostraron interés en estudiar las denuncias, se vieron en la necesidad de recurrir a la Contraloría General de la República (CGR), órgano fiscalizador que, después de casi un año de análisis, llegó a la conclusión de que en el proceso para otorgarse los permisos se cometieron un cúmulo de ilegalidades, razón por la cual le exigió al alcalde la instrucción de un sumario administrativo para determinar y hacer efectivas las responsabilidades de los funcionarios comprometidos. Pero en lugar de aplicarse la ley Nº 19.880, del Procedimiento Administrativo, que contempla la invalidación de los permisos viciados, una vez más la CGR cedió ante el poder omnímodo de las inmobiliarias y permitió la consolidación de un hecho consumado, ya que manifestó que los "errores" de la Administración no pueden afectar los derechos de los titulares de los permisos, creyendo ingenuamente que estos titulares no sabían que los permisos se otorgaron al margen de la ley. En todo caso, si Magdalena Matte, flamante ministra de Vivienda y Urbanismo, desea conocer todos los entretelones, nuestra reclamación a la CGR y los 2 dictámenes de ésta respecto a este burdo negocio, nos ponemos su disposición para que pueda perseguir a los responsables de los actos administrativos truchos y para que analice el contexto de la entrega de los subsidios (UF 660 por cada vivienda), por parte de su ministerio. Como observamos, tanto en el sector bursátil como en el sector de la construcción, el Estado chileno demuestra su absoluta incapacidad para exigir el cumplimiento de la ley, con lo cual se produce en esos mercados una competencia desleal que es inaceptable en un país que se precia de serio y que, además, es miembro pleno de la OCDE, organización internacional que obviamente no conoce este tipo de prácticas tan deleznables y que tanto mal le hacen a nuestra democracia.