Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 14 de octubre de 2010. El 30 de junio, el Consejo Regional Metropolitano (CORE) rechazó el proyecto PRMS 100, concebido para extender el límite urbano en esta saturada región y reducir las áreas agrícolas. Aunque tocamos in extenso el tema, ante la campaña comunicacional de quienes buscan beneficiarse de los cambios de uso de suelo nos vemos obligados a decir cosas sabidas, pero conservadas en secreto por los panegiristas de la iniciativa mercantil. Se dice que pronto el CORE votará de nuevo, cuando el intendente tenga los votos para la aprobación. Repetimos lo que hemos dicho: esta modificación no se justifica, porque ya existe una norma administrativa ad hoc (de 2003), que admite la consecución de negocios inmobiliarios en tierras agrícolas mediante condiciones bien fijadas. Claro que el llamado PRMS 100 es bastante más laxo que tal reglamentación y de ahí tanto interés en que se apruebe, porque así los privados beneficiados obtendrían mejores resultados económicos. Los interesados, con suma arrogancia, entre otras cosas, han argüido que los déficits de infraestructura que generaría la modificación no deben ser asumidos por el sector de la construcción. Ellos explican que con el PRMS 100 se está favoreciendo a los pobres, porque se están creando grandes espacios para viviendas sociales. Pero la prensa que apoya esta iniciativa no reconoce que el proyecto modificatorio, creado por el gobierno de Michelle Bachelet, tenía una significativa cuota para viviendas con subsidio del Estado, incluyendo viviendas sociales. Por cada desarrollo, su titular debía ejecutar 30% de sus viviendas para quienes requieren subsidio. De esa cifra, 12% debía ser para quienes demandan viviendas sociales. Pero en noviembre de 2009, bajo el mandato de la misma Presidenta y por presiones gremiales, la exigencia se rebajó y ahora sólo 8% del terreno es para vivienda social. Otra consideración de los impulsores del PRMS 100 es la gran cantidad de áreas verdes contemplada. Poco se sabe que tales terrenos no necesariamente deben estar localizados en cada proyecto, lo que induce a futuras tratativas comerciales a partir de ya recurrentes malabares. Una de las críticas de los consejeros regionales que evitó la aprobación del proyecto era que cada titular debía mantener sólo por cinco años el área verde que le correspondía; para tranquilizarlos, el intendente Echeverría fue a Hacienda a conseguirse unos cuantos millones de dólares para mantener esas zonas después de los cinco años iniciales. Los recursos de todos los contribuyentes permiten este polémico proyecto, a sabiendas de las miles de hectáreas correspondientes a parques (bienes nacionales de uso público) tipificadas como áreas verdes que hoy son peladeros: cuando las comunidades piden las materializaciones de esos parques, quienes ejercen el poder político responden que no hay recursos. Y aunque el lector no lo crea, el PRMS 100 desea eliminar las centenas de hectáreas de los tradicionales huertos familiares de La Pintana, cuyos propietarios y sus ascendientes, desde hace muchos años, están cultivando y cosechando para alimentar a la población. El domingo 10 El Mercurio publicó un artículo sobre uno de los hombres más ricos del país, que se compró una casa en Vitacura, sector de alto valor de mercado, demoliéndola para plantar hortalizas en sus 900 metros cuadrados. Su familia consumirá tomates, zanahorias, lechugas y verduras, producidos por especialistas en comida sana. Envidiable. Pero a los pequeños agricultores de La Pintana se les ponen trabas para que sigan sembrando. En cuanto a la sensata pertinencia de que cada municipalidad debía emitir un informe técnico sobre la factibilidad del sector agrícola elegido por el Ministerio de Vivienda en el respectivo territorio, en un principio el documento técnico estaba considerado, pero luego se eliminó para que los negocios particulares fueran expeditos, aunque, digámoslo con claridad, menos sustentables. Quienes conocemos la Circular Nº 41 (diciembre de 2006) de ese ministerio sabemos que los cambios de uso de suelo han sido solicitados por los propios interesados, y por eso nos extraña que la ciudadanía aún no conozca oficialmente los nombres de los privados a quienes se pretende favorecer. Confiamos en que el Consejo para la Transparencia pondrá las cosas en su lugar. Este episodio lo relacionamos con lo que ha dicho públicamente el destacado director de cine norteamericano Oliver Stone respecto de la repulsión que le producen los abogados, bancos e inmobiliarias de su país, en el contexto de su película “Wall Street: money never sleeps”. Nosotros no llegamos a tanto, pero por la forma como se están haciendo las cosas, razón le encontramos a él porque en Chile también todo se mide en utilidades. En todo caso los representantes de las organizaciones ciudadanas que se oponen a esta nueva expansión urbana se reúnen hoy jueves con el intendente Echeverría, para verse las caras intercambiando opiniones sobre este intento operativo que generará riqueza monetaria para unos pocos y pobreza ambiental para quienes viven en esta cuenca ya colapsada.