Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Hernan de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación Domingo el 22 agosto de 2010. Hemos hablado bastante sobre esta planta que opera con carbón, localizada en la contaminada comuna de Puchuncaví, V Región. Todos sabíamos que obtuvo los permisos sectoriales al margen del marco regulatorio porque las autoridades regionales no se atrevieron a aplicar la ley. Estamos hablando de un proyecto energético de la empresa AES Gener que contempla una inversión de 500 millones de dólares y que incorpora 270 MW al sistema interconectado. No sólo la Contraloría General dictaminó las ilegalidades, sino también la Corte Suprema, a raíz de las acciones emprendidas por el combativo Consejo Ecológico de esa zona. Tal instalación industrial se emplaza parcialmente en un terreno no apto, situación que conocían todos aquellos funcionarios públicos que la “aprobaron”. El 31 de diciembre de 2009, el Minvu publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 68 (DS) en el cual se modificó la regulación urbanística nacional en lo que dice relación con los usos de suelo para las actividades energéticas. Así fue como, con ese cambio, denominado por muchos como un “traje a la medida” de esa planta, fue posible reanudar las faenas. Pero en ese texto legal también se le daba una atribución a la municipalidad de Puchuncaví para prohibir la aplicación del cambio normativo (?). El Concejo Municipal utilizó este “salvavidas”, y para ello se publicó en el Diario Oficial el decreto alcaldicio respectivo. Es decir, se le puso una lápida a la termoeléctrica. Acto seguido, los dirigentes del Consejo Ecológico, con su competente abogado Juan Carlos Palma, concurrieron a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en donde solicitaron oficios, acuerdos y, lo más gravitante, la conformación de una comisión investigadora parlamentaria para que se determinaran las responsabilidades políticas de todos aquellos funcionarios que actuaron mal. Hubo una respuesta parcial, y de la comisión investigadora, hasta ahora, nada se sabe. Pero inexplicablemente, después de haberse prohibido la construcción de la planta, en los términos expresados en el DS Nº 68 del Minvu, el Concejo Municipal de Puchuncaví se dio una curiosa voltereta, revocando el Decreto Alcaldicio anterior con una explicación un tanto falaz, actuación que fue cuestionada como corresponde por el Consejo Ecológico. Hemos sabido que la empresa firmó un convenio con el municipio, sin haberse invitado a participar en el mismo a las organizaciones comunitarias, las cuales fueron informadas días después del hecho consumado. La suscripción de tal acuerdo municipal-privado se dio a conocer por las autoridades locales en conferencia de prensa en donde se contemplan exiguas compensaciones económicas a favor de la comunidad, teniéndose en cuenta que la contraprestación municipal era desistirse de toda acción judicial en contra de AES Gener, empresa que ahora podrá reanudar las obras. Es interesante destacar que Magdalena Matte, actual ministra de Vivienda y Urbanismo, reconoce en su ORD. Nº 202 del 4 de mayo de 2010 que es una facultad muy poderosa la que tienen los municipios para prohibir la aplicación del cambio normativo del 31 de diciembre de 2009 y por ello, a pesar de la ilegítima negociación de la municipalidad con Gener, estimamos que es urgente la investigación parlamentaria que pide el Consejo Ecológico, a sabiendas de que su abogado debería iniciar nuevas acciones judiciales. //LND