Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 17 de agosto de 2010. En el sistema económico implantado por el gobierno militar, convalidado por los políticos de la Concertación y vigente con el actual gobierno de derecha, se privilegia el interés particular por sobre el interés colectivo y, en tal sentido, las políticas públicas asociadas con las urbes se han nutrido todos estos años de los principios del neoliberalismo, en términos de que cada uno, como manda el materialismo, debe rascarse con sus uñas y sólo los más calificados, o aquellos bien relacionados con las cúpulas del poder, pueden obtener los beneficios del sistema. Esto es así y no va a cambiar porque el mundo, y Chile en particular, ya se adaptó a este tipo de régimen político mercantil concentrador de riqueza. En el último tiempo los parlamentarios, no sabemos si por desconocimiento, por ausencia de visión previsora o por presiones de eximios cabilderos, han aprobado legislaciones que han perjudicado a las ciudades, como por ejemplo desnaturalizar el sentido del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Ahora se permite la ejecución de proyectos inmobiliarios con viviendas de hasta un cierto precio en los sectores rurales del país, es decir, más allá de los límites urbanos, sin que los titulares de esas intervenciones se tengan que ceñir a las regulaciones urbanísticas contempladas en cada comuna, como tampoco a las ambientales y de transportes vigentes en las normativas sectoriales. Este exabrupto legislativo se produjo para atraer inversión privada que absorbe mano de obra, fraseología insulsa utilizada para justificar tan inicuo proceder. Asimismo, modificaron el artículo 59 de la LGUC, referido a la declaratoria de utilidad pública de las calles (expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio) y parques intercomunales y comunales, fijando una caducidad para esas afectaciones que está causando graves problemas en casi todas las comunas, situación que conoce muy bien el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, asociación gremial que incluso emitió un comunicado de prensa titulado “¿Caducó la ciudad?”. Aunque el lector no lo crea, para superar la complicación creada por este irresponsable cambio legal, algunos municipios se han visto en la necesidad de clasificar arbitrariamente algunas vialidades para que continúen afectas a sus necesarios ensanches, es decir, en nuestra institucionalidad se ha admitido la práctica de la mendacidad para evitar males mayores. ¿Qué dirá la seria OCDE al respecto? Y para seguir cometiendo desaciertos, en la actualidad a los parlamentarios se les ocurrió legislar para regular el cierre de las calles, bienes nacionales de uso público, porque los agentes policiales y carabineros son incapaces de resguardar la seguridad ciudadana en los diferentes barrios de las ciudades, aunque sabemos que esta inseguridad está radicada mayoritariamente en la Región Metropolitana. Ellos creen que, en un símil con Guantánamo (base naval de EEUU localizada en Cuba, que sirve como centro de detención), se van a solucionar las contrariedades derivadas de los asaltos en las casas y lo están haciendo porque existen diversos dictámenes de la Contraloría y un fallo de la Corte Suprema que impiden el cierre de las vialidades. Recordemos que estos cerrojos en ocasiones eran instalados por decisión propia de grupos de vecinos y en algunos casos contaban con “aprobaciones” municipales, las que, como todos sabemos, carecían de valor. Nosotros estamos en favor de la protección que deben tener todos los inmuebles y sus moradores, pero no podemos llegar al extremo de transformar nuestras ciudades en fortificaciones, porque hay un bien superior que es la libertad de movimiento que tenemos los habitantes. A la violencia que ejercen algunos pocos desadaptados y a este tipo de delitos que, por lo demás, siempre van a existir, se los combate con las armas de la razón, con trabajos dignos, con buena educación pública para nuestros niños y jóvenes y con leyes estrictas y rehabilitadoras, que reduzcan paulatinamente la repetición de estos deplorables hechos. Encerrarnos con llave es una solución simplista y nos recuerda el chiste del sofá de don Otto. Muy ligado a los candados en los cierres metálicos, sostenemos que existe una especie de pánico colectivo promovido por ciertas noticias escandalosas y por ello ha aumentado el negocio de los guardias privados de seguridad, quienes, emulando a Rambo, y a otros similares actores cinematográficos, hacen de las suyas con sus duros adminículos golpeadores. Mientras más sangre se observa en las pantallas de televisión, más aumenta el rating y, por lo tanto, más crecen las tarifas para los avisadores comerciales. Siempre hemos expresado que el miedo y la corrupción generan más actividad económica y, por ende, mayores bienes y servicios: debemos tener presente que los promotores del libertinaje en el mercado sólo se mueven en el ámbito de la especulación con papeles y de la producción de materias. Como la institucionalidad se ha visto sobrepasada por la delincuencia, los senadores y diputados les quieren dar atribuciones a los municipios para que cierren las calles y pasajes, con la idea de que así se cautele la seguridad de aquellos que viven enfrentando esas vías. Para tal objetivo, ellos estiman que la letra c) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades le entregaría atribuciones al alcalde para proceder en tal sentido. Como ello es discutible, sería muy útil que el Tribunal Constitucional diga si esta fórmula privatizadora para protegernos de los malandrines no viola el derecho que tenemos para circular sin perturbación por las calles que nos pertenecen a todos.