Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 27 de julio de 2010. Todos sabemos que las calles son bienes nacionales de uso público; es decir, pertenecen a la nación toda, como dice el DL 1.939. El Código Civil ordena que nadie podrá construir, salvo con un permiso especial de una autoridad competente, obra alguna sobre calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional. Este mismo código enfatiza que cuando los particulares hayan obtenido esa autorización no pueden disponer de la propiedad del suelo, sino tan sólo de su uso y goce por el plazo que dure la concesión, restituyéndosele a los habitantes que conforman el Estado. De acuerdo con la normativa del Ministerio de Bienes Nacionales, este tipo de bienes públicos, que son partes significativas de las ciudades, tienen el carácter de ser incomerciables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva por parte de privados, por muy encumbrados que éstos sean. Afirmamos lo anterior porque en innumerables casos, siempre en secreto, diferentes particulares se han adueñado de calles, pasajes y en ocasiones, aunque el lector no lo crea, también de plazas definidas como áreas verdes en los instrumentos de planificación territorial. Como caso anecdótico recordamos que en 2003 el seremi de Bienes Nacionales, después de un acabado estudio en derecho, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que interviniera en resguardo de la integridad de la Plaza Paraguay, que enfrentaba la Avenida Américo Vespucio Sur entre calles Del Inca y Albacete, en la comuna de Las Condes. Ahí, un privado muy bien relacionado con la municipalidad respectiva y con el Ministerio de Vivienda, quería construir dos edificios en una parte de ella. El CDE optó por desentenderse del reclamo y el probo funcionario que ejercía como seremi, considerado como “conflictivo” por sus superiores, fue trasladado con igual cargo a Valparaíso y enseguida destituido. Obviamente, los edificios se construyeron y como constatamos, le resultó caro a esa autoridad de rango medio hacer valer el interés público. Desde hace algunos pocos años se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para permitir actividades mercantiles en 10% de los parques públicos que no estén materializados como tales; vale decir, que no se hayan consolidado como áreas verdes efectivas. Pero en estos casos se exigen ciertas compensaciones, determinadas por los municipios donde se localizan dichos parques. Como es de natural entendimiento, en estas situaciones no hay desafectación de la calidad de bienes nacionales de uso público. Sobre éstos quien tiene el control superior es el Ministerio de Bienes Nacionales y las municipalidades son sus administradoras. Ahora bien, en una esquina de Pío Nono con Bellavista, en la comuna de Recoleta, se está construyendo un complejo educativo-habitacional de la Universidad San Sebastián, entidad privada que requiere una alta cantidad de estacionamientos subterráneos para sus alumnos-clientes. Para facilitarles el acceso a los vehículos que ingresan al subsuelo de esa casa de estudios, la municipalidad respectiva, mediante un contrato “precario” renovable automáticamente cada cuatro años pero en la práctica de duración perpetua, “autorizó” que esa entidad construyera sobre el bien público Pío Nono una rampa en superficie y perpendicular en subsuelo ocupando 250 metros cuadrados. El valor anual de ese curioso “permiso precario” no está fijado en el Decreto Exento del 18 de diciembre de 2009, firmado por la alcaldesa, porque el monto tenía que ser determinado por la Dirección de Obras (?). El municipio, basándose en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), creía tener atribuciones para proceder en tal sentido, pero estaba equivocado. Al contrato se le denominó “precario” sólo porque la LOCM en su artículo 36 dice que las municipalidades pueden concesionar y firmar permisos precarios por los bienes nacionales de uso público existentes en sus territorios jurisdiccionales. Pero estos últimos se utilizan para que los quioscos de diarios, los buques maniceros o similares puedan ocupar las veredas. En el caso que comentamos el acceso vehicular debió situarse en el propio terreno de la universidad, pero por comodidad y para disponerse de mayor espacio, se ocupó un bien público para propósitos particulares. Ya que se quería ayudar al privado, debió haber operado bien la institucionalidad llamándose a una licitación para concesionar la acera y su subsuelo. Así habrían competido legítimamente diversos actores para ganar la explotación del negocio en un largo plazo fijo, a sabiendas de que la universidad sería su cliente cautivo y el municipio habría obtenido mayores ingresos monetarios: para eso está vigente la Ley de Concesiones. Pero se optó por el camino más fácil y directo, porque había que quedar bien con los propietarios de la universidad y muchos tienen que haber pensado que la concesión era caer en la perversa burocracia, como les gusta decir a muchos presurosos actores privados. Esta situación se la planteamos a la entonces ministra Jacqueline Weinstein (PPD) y a la actual ministra Catalina Parot (RN) y a pesar de que la irregularidad no tiene una gran connotación, porque estamos hablando de una utilización reducida de un bien público, nos preocupa sobremanera que ambas se hayan inhibido de intervenir en resguardo de la legalidad. Ellas, como titulares de ese ministerio, servicio que -como dijimos- tiene el control superior de los bienes nacionales de uso público, debieron haber exigido la invalidación del permiso precario, requiriendo una concesión. No lo hicieron y damos vuelta la hoja, pero sí le manifestamos a la segunda que no se tiente con autorizar la venta de calles, pasajes o parques para propósitos inmobiliarios y/o de retail, práctica usual en los gobiernos de la Concertación, y en tal sentido traemos a colación lo que publicamos en esta tribuna el 20 de julio pasado.