13 Mayo 2010

Una Pregunta Ambiental

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia el 13 de mayo de 2010.

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia el 13 de mayo de 2010. El 26 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.417 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. El Presidente Sebastián Piñera, tan pronto asumió su cargo, nominó como ministra del ramo a la ingeniera Ignacia Benítez. Recordemos que la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente estaba vigente desde abril de 1994, aunque su Reglamento se publicó en 1997. Con la nueva institucionalidad ya no ingresarán al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, los cuales siempre se evaluaban a través de la simplista fórmula de la “Declaración” (DIA). Recordamos que la DIA aprobada por la Corema de la RM referida al cambio de uso de suelo de las 254 hectáreas del aeropuerto Los Cerrillos, fue impugnada en los tribunales de justicia por la Federación Aérea de Chile, materia radicada actualmente en la Corte Suprema, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago la había dejado sin efecto porque para modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) era necesario hacerlo vía un “Estudio” (EIA). En la nueva legislación los instrumentos de planificación territorial mencionados se someterán a la “Evaluación Ambiental Estratégica” (EAE). Muchos grupos ambientalistas propusieron esta forma de análisis. Así, han manifestado, todas las políticas, planes y programas deberán someterse a esta herramienta metodológica que mejor incorpora las variables ambientales desde el diseño de cada una de las políticas, planes y programas. Sin embargo y esto es lo delicado, no se sabe todavía cuál será el procedimiento que se utilizará para ello, pues deberá dictarse un reglamento para su implementación, lo cual es lento. Para que las cosas se hagan bien y oportunamente, consideramos que la ministra Benítez podría rayar la cancha a través de un instructivo que les permita a los organismos públicos competentes conocer el procedimiento y aplicarlo. Esperamos que la ministra aclare públicamente esta situación.



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