Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 20 de abril de 2010. Hace poco, en enero de 2010, se promulgó la Ley 20.417 que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental y durante el año en curso, en teoría, esas tres instancias deberían estar funcionando. Pero sí tenemos que denunciar el hecho de que esta nueva institucionalidad se elaboró, discutió y aprobó dejando a un lado la opinión de los referentes ciudadanos. No se consideraron más de mil indicaciones al proyecto presentadas por muchos senadores y el punto más negro es el acuerdo adoptado por la mayoría, referido a la Superintendencia Ambiental, a cargo de la fiscalización y que es la mayor debilidad del sistema institucional ambiental chileno. Las abundantes nubes de cenizas de un volcán islandés han producido cierres temporales en casi todos los aeropuertos de Europa, lo que ha generado graves trastornos en los viajes de miles de personas y millonarias pérdidas a las líneas aéreas que no han podido transportar sus pasajeros. Ahora bien, debemos recordar que Chile ha sido recién admitido (enero de 2010) en la OCDE, exigente institución internacional con sede en París, Francia, y promotora de que sus 31 países adscritos usen sanas prácticas comerciales en la globalización de los mercados, como también de altos estándares en probidad y transparencia para que los tratos comerciales sean justos y equilibrados. Gracias a los buenos oficios del jefe del Departamento OCDE del Ministerio de RREE, habíamos acordado una reunión con una alta funcionaria de esa organización a llevarse a cabo en su sede parisina ayer 19 de abril. Teníamos la intención de entregarle documentación elaborada por nosotros y la Fundación Terram respecto de temas de urbanismo, vivienda, medio ambiente y transparencia en la aplicación de las políticas públicas. También íbamos a entregar el libro “Hacer ciudad” y el último “Informe país: estado del medio ambiente en Chile”, aún no presentado acá, elaborado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile en conjunto con la Conama, Pnuma y la Cepal. Teníamos pensado manifestarle que sería muy conveniente organizar en Chile un seminario donde la OCDE escuche en directo a las organizaciones de la sociedad civil en torno a las políticas sectoriales de los últimos años, como también las medidas posterremoto del actual gobierno, tan criticadas por la oposición, y el reciente buen plan económico para enfrentar la reconstrucción, cuestionado por ciertos economistas neoliberales. Tanto Terram como Defendamos la Ciudad, conjuntamente con decenas de otros movimientos ciudadanos ambientalistas, entregamos nuestros puntos de vista a la OCDE en el proceso de evaluación del desempeño ambiental de Chile para el período 1990 a 2004. Después de este proceso, en 2005, la OCDE estableció 52 recomendaciones para Chile y constatamos con suma preocupación que el pasado gobierno no avanzó en los términos emanados de ese organismo; es más, vemos que los gobernantes carecen de predisposiciones para entregar la información adecuada a las organizaciones de la sociedad civil respecto del proceso. Hace poco, en enero de 2010, se promulgó la Ley 20.417 que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental y durante el año en curso, en teoría, esas tres instancias deberían estar funcionando. Pero sí tenemos que denunciar el hecho de que esta nueva institucionalidad se elaboró, discutió y aprobó dejando a un lado la opinión de los referentes ciudadanos. No se consideraron más de mil indicaciones al proyecto presentadas por muchos senadores y el punto más negro es el acuerdo adoptado por la mayoría, referido a la Superintendencia Ambiental, a cargo de la fiscalización y que es la mayor debilidad del sistema institucional ambiental chileno. Su entrada en vigencia quedó supeditada a la aprobación del proyecto de ley que crea los tribunales ambientales, lo que no era parte de la reforma. Este proyecto hoy se discute en el Congreso y creemos que no saldrá humo blanco por mucho tiempo, lo que significará que la superintendencia estará adormilada, por no decir guardada en la sede legislativa. Teníamos previsto comentarle que, con ocasión de las consecuencias del terremoto, era indispensable llevar a cabo una reingeniería total en el Ministerio de Vivienda, servicio que fue prácticamente privatizado en los 20 años de la Concertación. Siempre hemos dicho que es impresentable que ese ministerio haya hecho de las suyas con simples decretos orientados a satisfacer necesidades de particulares. Ya es hora de que los avances tecnológicos y científicos sean parte de la legislación sectorial y demandamos que el Estado recupere su rol en la cautela del bien público. Los actores privados pueden y deben ser eficientes en la consecución de sus negocios constructivos, pero debe existir una contraparte que los fiscalice y esto es lo que ha faltado en los últimos decenios. Tenemos una falla geológica en San Ramón y hasta el momento ninguna autoridad toma el toro por las astas. Lo anterior y otras tantas cosas queríamos compartir con la alta funcionaria de la OCDE, pero no fue posible porque cuando nos presentamos el domingo en el aeropuerto, se nos dijo que era imposible embarcarse con destino a París por las pícaras nubes de ceniza. Ahora bien, no sabemos lo que sucederá en el corto plazo con el espacio aéreo de los países europeos afectados y por ello fue necesario postergar indefinidamente nuestra reunión hasta que la madre naturaleza lo consienta y las agendas de los intervinientes así lo posibiliten.