Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 06 de abril de 2010. En el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) vigente desde 1994 se enumeran todas las áreas verdes existentes y proyectadas en esta región, y en su artículo 5.2.2. se describen los parques metropolitanos, uno de los cuales es el Parque Laguna Carén, localizado en la comuna de Pudahuel y que tiene una superficie de un poco más de mil hectáreas. Este amplio terreno, situado a un costado de la Ruta 68, le pertenecía a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entidad pública que en 1978 se lo transfirió gratuitamente a la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), estableciéndose que el nuevo titular debía respetar los derechos que beneficiaban a decenas de familias que vivían en el predio, en calidad de ex asentados que no obtuvieron parcelas en el proceso de reforma agraria fijado para el proyecto de asignación Lo Aguirre. Es decir, esas familias carecen de título de dominio sobre las tierras que ocupan. Días antes de que Patricio Aylwin dejara el poder, el 28 de febrero de 1994, en una operación no comunicada a la opinión pública, el Estado donó el terreno a la Universidad de Chile, teniéndose en cuenta que la Digeder dependía del Ministerio de Defensa y su titular en esa fecha era Patricio Rojas. Éste, fuera del cargo, un año después, actuaba como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre, entidad sin fines de lucro, que tuvo por misión iniciar el proyecto de alto estándar denominado Parque Científico y Tecnológico por cuenta de dicha casa de estudios superiores. Pero a las autoridades que le transfirieron gratuitamente este predio a la Universidad de Chile se les olvidó mantener en las escrituras los derechos de los ex asentados, amnesia voluntaria que, lógicamente, favoreció a los nuevos dueños. Por los apremios ejercidos por esa fundación, algunas familias han postulado a los subsidios habitacionales en otras comunas y ya han abandonado sus casas de madera construidas por ellos en el campo. El alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, se la ha jugado por esos compatriotas y Guillermo Durán, el más enérgico de los pobladores, ha dicho que, con su señora, se han ganado la vida vendiéndoles colaciones a los camioneros de la zona y con la venta de áridos, la que se vio truncada porque la fundación no le permitió continuar con esta actividad. La Universidad de Chile obtuvo un crédito por 20 millones de dólares en la banca privada, con el aval del Estado y con ese dinero ya ha ejecutado una urbanización en 10% de la superficie de este pulmón verde, es decir en 100 hectáreas. El doctor Rojas ya no está a cargo del proyecto y, según hemos sabido, se han construido caminos y se han hecho loteos con luz y alcantarillado. De acuerdo con la legislación vigente, la Universidad de Chile perfectamente puede continuar con su proyecto de alto nivel tecnológico ocupando 20% de la superficie del área verde, materializando como tales 80% restante, tal como lo ordena el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en su artículo 65, lo que es corroborado en el artículo 5.2.1.1., “Recuperación de Áreas Verdes del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación” del PRMS, pero el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Concertación concibió, para evitar el resguardo ambiental de estas mil hectáreas, que esta tipología habría perdido su calidad de tal con la caducidad de las declaratorias de utilidad pública, a pesar de que esa caducidad aplica sólo para los parques intercomunales y comunales, como él debía saber. Para sustentar su posición interpretativa, ese ex funcionario del Estado adujo que los parques metropolitanos se asimilan a los parques intercomunales, con lo cual inferimos según esa curiosa apreciación que el Parque Metropolitano Laguna Carén se habría eliminado del listado del PRMS, lo cual es absolutamente inexacto, porque los primeros “son áreas verdes de uso público de carácter metropolitano” y los segundos, “áreas verdes de uso público o privado que trascienden los límites de dos o más comunas”, descripciones que dejan en claro la diferencia entre ambos. Como la Universidad de Chile es una institución pública de excelencia, comprometida con el desarrollo sustentable y para ello bastaría leer el último informe país recién impreso, elaborado por su Instituto de Asuntos Públicos, con la colaboración de la Conama, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y con la Cepal, estamos seguros de que para continuar con su importante proyecto tecnológico se enmarcará en la regulación urbano-ambiental vigente, materializando las áreas verdes de 80% de su predio, descartando la gestión de ese travieso y habilidoso seremi, hoy en otras actividades. Deseamos, como buenos ciudadanos, que esta universidad saque adelante su proyecto de país, porque será un polo de desarrollo muy importante para Chile y para quienes desean seguir estudios de perfeccionamiento en la perspectiva de esa casa de estudios superiores, repitiendo lo expresado por Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias, en una entrevista hecha en la radio de esa universidad. Sólo exigimos el cumplimiento de la ley porque, entre otros motivos, tenemos un tremendo déficit de áreas verdes en esta contaminada región.