Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 16 de marzo de 2010. En Concepción, el asunto es más grave, porque la empresa Socovil, cuyo edificio Alto Río se derrumbó y causó la muerte de varios moradores, traspasó con un contrato ficticio el patrimonio de sus socios a otras compañías a fin de evadir sus responsabilidades civiles. Aunque los lectores no lo crean, el presidente de la inmobiliaria era el presidente zonal de la Cámara de la Construcción, asociación que el domingo 14 publicó una acomodaticia inserción en diarios de circulación nacional donde menciona la legislación urbanística y establece -sesgadamente- los caminos para los miles de propietarios cuyas viviendas están en ruinas. En nuestras dos últimas columnas hemos tocado in extenso los colapsos de innumerables edificios por errores de cálculo en estructuras y/o el empleo de materiales inadecuados para enfrentar el movimiento sísmico del 27 de febrero. Hasta ahora, las constructoras e inmobiliarias no han dado la cara, excepto el holding Penta, que apremiado por los enérgicos y ruidosos reclamos de sus engañados clientes frente a su edificio corporativo, se vio en la necesidad de escucharlos y consintió en devolver el dinero por sus viviendas inhabitables. En Concepción, el asunto es más grave, porque la empresa Socovil, cuyo edificio Alto Río se derrumbó y causó la muerte de varios moradores, traspasó con un contrato ficticio el patrimonio de sus socios a otras compañías a fin de evadir sus responsabilidades civiles. Aunque los lectores no lo crean, el presidente de la inmobiliaria era el presidente zonal de la Cámara de la Construcción, asociación que el domingo 14 publicó una acomodaticia inserción en diarios de circulación nacional donde menciona la legislación urbanística y establece -sesgadamente- los caminos para los miles de propietarios cuyas viviendas están en ruinas. Sabemos que el intendente, a quien está dirigida esta columna, es dueño de una constructora que tiene problemas con un edificio en Concepción y otro en Huechuraba. Estamos seguros de que su acreditada empresa, Echeverría e Izquierdo, responderá de modo oportuno a satisfacción de sus clientes. Pero el propósito de la presente es otro. Se refiere a una curiosa aprobación ambiental cursada hace poco por la Corema, conformada por funcionarios del régimen político anterior, que le dieron el visto bueno a una nueva ampliación del límite urbano en esta saturada Región Metropolitana. El único voto disidente correspondió al seremi de Agricultura y quien firma expuso antecedentes que aconsejaban rechazar el proyecto promovido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esos funcionarios públicos decidieron modificar el uso de suelo de casi 10 mil hectáreas agrícolas para transformarlas en aptas para la construcción de conjuntos habitacionales, incluyendo la afectación de áreas verdes en terrenos privados, sin fijarse la obligación de mantenerlos durante su vida útil. En las comunas de Quilicura, Cerro Navia, Renca, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto se ampliarán sus límites urbanos. Es bueno recordar, y el intendente lo sabe muy bien, que en 2003 el entonces ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, hoy flamante ministro de Defensa, se la jugó para que la Contraloría tomara razón de una polémica resolución administrativa del intendente de la época, Marcelo Trivelli, que facilitó los negocios inmobiliarios en todos los territorios agrícolas de las comunas periféricas de la región: cada proyecto se tenía que ejecutar en un terreno de cuando menos 300 hectáreas y el titular debía enmarcarse en una bien concebida regulación (artículo 8.3.2.4.) de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). El entonces ministro de Vivienda sostenía que así se acababan los “trajes a la medida” para los influyentes actores que solicitaban prebendas al Minvu y así existen hoy los denominados Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en 2 mil 500 hectáreas agrícolas, tramitándose en la administración, los que se aprobarán tan pronto sus titulares cumplan todas las exigencias de la regulación reseñada. Es decir, cuando la Contraloría tome razón de la nueva resolución del ahora intendente Echeverría, esos amplios territorios serán urbanos. En nuestra intervención en la Corema, dirigida por Igor Garafulic, expresamos que la prudencia aconsejaba posponer la votación hasta que asumieran sus nuevos integrantes y les pedimos que nos informaran quiénes eran las personas naturales y/o jurídicas que se iban a beneficiar con los cambios de uso de suelo de estas 10 mil hectáreas. No hubo respuesta, porque suponemos que la decisión ya se había adoptado y transparentar quiénes eran los favorecidos era inconveniente. Pero para que no cometieran un nuevo error, expresamos que los territorios de interés agropecuario, como los huertos familiares de La Pintana, no pueden modificar sus usos de suelo por imposición del artículo 8.3.2.1. de la Ordenanza del PRMS. Como esa aprobación está viciada, en esta tribuna sugerimos al nuevo intendente que revise el asunto, porque con la actual normativa de los PDUC es impropio cambiar los usos de suelo al margen de los mismos, y aprovechamos de pedirle que ejerza su cargo por los cuatro años del gobierno de Piñera, a la luz de su declaración en orden a que deseaba ser intendente un año. Las tareas de la reconstrucción necesitan la experiencia y capacidad de este ingeniero.