Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 10 de marzo de 2010. El sacerdote Felipe Berríos en una columna en la revista El Sábado de El Mercurio dijo: “Sin embargo, la infraestructura del país, sus casas y edificios soportaron bien el embate. La mayoría de las viviendas que sucumbieron eran construcciones viejas no antisísmicas y muchas de adobe” (sic), en referencia a los efectos del terremoto. Estas expresiones en resguardo de la industria constructora las creemos absurdas, denotan desconocimiento de lo que sucedió el 27 de febrero. No merecen mayores comentarios, porque provienen de un personaje mediático que había amparado el depredador proyecto de HidroAysén. El drama de Chile es que en materia de vivienda, sus autoridades se han replegado para que el sector privado constructor haga lo que desee, teniendo como único norte la rapidez en obtener lucrativos negocios. Existe una estricta norma antisísmica (Nch 433) que busca evitar colapsos, pero paradójicamente nadie la fiscaliza, porque las direcciones de obras han sido desmanteladas. En 1997 se creó la figura de los revisores independientes, labor desempeñada por profesionales ex funcionarios municipales, que no se entrometen en los cálculos de estructuras ni menos en revisar la idoneidad de los materiales usados en las edificaciones. Como tampoco hay autorregulación de parte del sector privado, el resultado es el que tenemos a la vista debido al trabajo periodístico. Sabemos que las muertes por el tsunami son más que las debidas al sismo y, en tal sentido, la Armada y la Onemi, por no alertar oportunamente a las poblaciones, tienen responsabilidades por esa ineptitud de principiantes, más si organismos internacionales competentes habían avisado con oportunidad sobre la situación del mar. Esto es imperdonable, sobre todo para los familiares de las víctimas; compartimos lo dicho por el abogado Rendón, que en El Mostrador afirmaba que los hechos tipifican una falta de servicio de parte del Estado, falla que conlleva la obligación de indemnizar a los deudos, porque esta negligencia funcionaria no puede quedar en la impunidad. El jueves pasado nos reunimos con el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, tercer nivel jerárquico del ministerio, a quien le hicimos notar que la opinión pública necesita conocer los nombres de los primeros vendedores de los edificios o condominios, constructoras o inmobiliarias, de modo que el mercado opere con transparencia. Entre otras cosas, le dijimos que se debe hacer un catastro nacional de edificios colapsados, indicándose el RUT y los nombres de los socios. También, que se deben saber los nombres de los profesionales que participaron en la construcción y que, tras una investigación detallada, los tribunales de ética de los colegios de Ingenieros, Arquitectos y Constructores Civiles, sancionen de manera ejemplar a los responsables, aparte de las demandas civiles y penales que correspondan. Le aseguramos a Bresciani que en caso de actuar así, en el futuro se levantarán edificios que cautelen la seguridad de los moradores de sus departamentos. Por lo que sabemos hasta ahora, las inmobiliarias cuyas edificaciones no resistieron de modo adecuado el sismo se han desentendido de sus compromisos contractuales y la mayoría brilla por su ausencia. Paz Corp., que se transa en la Bolsa de Comercio, constató que el valor de su acción caía en picada por el colapso de su espigada torre en Ñuñoa y esto la forzó a devolverles el dinero a todos los compradores, lo que tranquilizó al mercado; ahora las acciones están repuntando. Entre las declaraciones necias de ciertos actores privados, recordamos con vergüenza ajena la alusión a la Torre de Pisa del presidente de la Cámara de la Construcción para justificar los edificios inclinados. En el ambiente en que vivimos, la Sociedad Geológica de Chile, junto con el colegio que agrupa a sus profesionales, peritos en los procesos tectónicos propios de terremotos y tsunamis, emitió una declaración pública que no ha sido recogida por la prensa. Por ello transcribimos un párrafo que debe hacer meditar a quienes ejercen el poder: “Proponemos constituir una agencia nacional dependiente del Ministerio del Interior que convoque, en una instancia única a científicos, profesionales y técnicos con la capacidad de generar, comprender, interpretar y divulgar el conocimiento de base que permita, en conjunto con la autoridad, elaborar políticas públicas de largo plazo y los planes de contingencia correspondientes”. En síntesis, con urgencia debemos modificar las insanas prácticas de tener severas normas antisísmicas y dejarlas en tierra de nadie. Lo responsable es que tanto el sector público como el privado entiendan que construir bien es una obligación. Esperamos que todas las víctimas de la inescrupulosidad de ciertas inmobiliarias inicien las acciones judiciales haciendo valer no sólo la ley de la calidad de la construcción contra ellas, sino por las causales establecidas en el Código Civil, porque en la calamidad hay una sucesión de “expertos” que, con distintas motivaciones, no hicieron correctamente su trabajo y éstos sí tienen responsabilidad contractual. En todo caso, en estos juicios el Estado, garante del bien común, no puede dejar a las familias a su suerte, teniendo en cuenta que las inmobiliarias cuentan con excelentes y bien relacionados abogados. El futuro gobierno deberá ser especialmente proactivo y a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) hacerse parte en cada uno de los juicios para asegurar sentencias a favor de los engañados compradores de viviendas.