Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario Estrategia el 19 de agosto de 2009. En 1959 se publicó la Ley Nº 13.364, conocida como Ley Lorca, porque su impulsor fue el diputado Gustavo Lorca. Con ese instrumento legal se pretendía proteger y preservar el borde costero de Viña del Mar. La ley en comento señaló que para intervenir ese patrimonio turístico, se debía contar con la aprobación de los 2/3 de los regidores (hoy día concejales). Pero resulta que el municipio, con la autorización previa de la Gobernación Marítima, entregó en concesión a un privado por 16 años la playa Acapulco que va desde la Av. Perú con 8 Norte hasta el muelle en desuso que le pertenecía a la empresa CRAV. El 27 de abril de 2009 se emitió un permiso para edificar en el sector sur de la playa un restaurante, incluyendo un bar y cafetería, que contempla 712 m2 a construirse, con un subterráneo y 2 niveles en altura hasta los 6,50 m. sobre el nivel de la acera de la Av. Perú, equipamiento que impide la hermosa vista que tienen los paseantes hacia el horizonte. En los sectores oriente y norte de la playa también se autorizaron otros equipamientos de menores impactos que consideran 350 m2 a construirse, los que, por su aporte favorable al bien común, no son cuestionados por la comunidad. Por esta razón, los vecinos de las zonas adyacentes se han organizado en un Comité de Defensa del Borde Costero, los cuales han interpuesto acciones judiciales y denuncias ante la Contraloría General de la República, haciendo valer sus derechos urbanos adquiridos. Una de las omisiones que se cometieron en este episodio, es que la Dirección de Obras Municipales no le exigió al titular de la concesión, la ejecución de los estacionamientos, argumentando que, al no referirse la Ley Lorca a esta materia, la municipalidad no los exigiría, criterio bastante curioso, por decir lo menos. En todo caso este conflicto será resuelto por los tribunales y tenemos la convicción de que ganarán los vecinos porque esa construcción perturba la sana convivencia, obstruye la vista al océano Pacífico y es incoherente con el desarrollo urbano sustentable.