Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario Estrategia el 25 de mayo de 2009. El 29 de agosto de 2007 en esta tribuna publicamos la columna “Mal le ha ido al Gobierno con la Contraloría”, en donde nos referíamos al contundente dictamen del ente fiscalizador que declaró la ilegalidad de la localización elegida por Metrogas para construir su planta de gas en la parte alta de la comuna de Peñalolén. Todos sabíamos que ese lugar estaba definido como área de preservación ecológica, es decir, fuera del límite urbano en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), territorio aquel no apto para ese tipo de construcción peligrosa. Esa infraestructura energética ya está terminada y la Contraloría General se ha visto en la necesidad de impartir instrucciones a esa municipalidad, en orden a que otorgue las patentes y el permiso de edificación porque cambiaron las reglas del juego. ¿Qué fue lo que pasó? El Gobierno, vía un acto administrativo, señaló que las plantas de energía se pueden construir en cualquier terreno rural. El recién pasado 13 de abril se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 8, con artículo único, procedimiento que soluciona el impasse para siempre, ya que se modificó el artículo 2.1.29. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con lo cual también se facilitarán las futuras construcciones de este tipo de instalaciones en todo el país. ¿Cuál es la norma en la actualidad ? “En el área rural de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, dichas instalaciones o edificaciones (las plantas) estarán siempre admitidas y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismo competentes, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Nº 19.300 y de lo dispuesto en el artículo 55º del DFL Nº 458 (V. y U.), de 1975”. En concreto, la autoridad extemporáneamente arregló el entuerto con las herramientas que posee y en todo caso este episodio será conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que a esta instancia judicial han recurrido los vecinos que tienen sus viviendas a escasos 200 metros de la referida planta, la que ahora podrá operar cuando sea necesario.