Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario Estrategia el 17 de abril de 2009. El lunes próximo entra en vigencia la ley que garantiza la transparencia en la gestión pública, producto de una moción de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri presentada en enero de 2005. El 7 de mayo de 2001 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, referido al “Reglamento Sobre el Secreto o Reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado” y en base a su artículo 9º, diversas instituciones del Estado, publicaron más de 50 resoluciones que establecían el secreto para una serie de documentos. Y así fue como en mayo de 2003, se presentó una denuncia en la Contraloría General de la República, ya que tales resoluciones perturbaban el sano ejercicio de la democracia. El ente fiscalizador, en octubre de 2004, estableció la ilegalidad de todas ellas y el contralor Sciolla le expresó al Gobierno que se “reexaminen a la brevedad” todas esas resoluciones con el propósito de no afectar el principio de publicidad que deben tener los actos de la administración. Como una de las organizaciones civiles que denunciaron el secretismo fue la nuestra, con cierta bulla, dimos a conocer a los medios de prensa el contenido del dictamen. El 26 de agosto de 2005, se reformó la Constitución Política, introduciéndose en ella un nuevo artículo 8º que dispone en su inciso segundo “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. Y como consecuencia natural de lo anterior, el 5 de enero de 2006, se derogó el travieso decreto Nº 26 que “reglamentaba” la oscuridad al interior de la Administración. Ahora esperamos que opere bien esta ley, para que todos sepamos de todo, pues así se reduce la corrupción.