Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, de la Fundación “Defendamos la Ciudad”, publicado en Diario Estrategia, 15 de julio de 2008. Según el artículo 10º, letra h) de la Ley Nº 19.300, en las zonas del país declaradas latentes o saturadas de contaminación ambiental deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) todos los proyectos industriales e inmobiliarios de cierta envergadura, de acuerdo a parámetros consignados en el reglamento de la ley y además los planes intercomunales, reguladores comunales y seccionales. Las vías son 1) los “Estudios” que contemplan la participación ciudadana y las medidas de mitigación y compensaciones por los efectos que generan los proyectos y 2) las “Declaraciones”, éstas últimas verdaderos saludos a la bandera porque no miden nada. El gobierno ha enviado al Congreso Nacional una modificación a la ley, eliminando el artículo 10º letra h) y a través de la incorporación del artículo 7º bis se consagra la evaluación estratégica de las políticas y planes de carácter normativo general por parte del ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalándose que ella es voluntaria (sic) y se les entrega poder decisorio a los municipios con respecto a las evaluaciones estratégicas de sus planes reguladores y seccionales, las que en todo caso son obligatorias. A la luz de lo reseñado, observamos que estamos ante una especie de desmantelamiento de la legislación ambiental con respecto a la medición de las grandes intervenciones urbanas en las ciudades y más aún en esta megalópolis, cuya cuenca hoy en día ya está saturada de diversos contaminantes, lo que demuestra que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica iniciado en Mayo de 1998 ha sido un fiasco. Es desconcertante que el gobierno desee, a través de esta modificación legal, desmantelar el SEIA en lo que respecta a los proyectos de construcción señalados en la actual normativa y por ello estimamos que este asunto se debe revisar a la brevedad porque el bien superior de esta política pública tiene que ir en resguardo de la salud de la población. Dicho sea de paso, en la elaboración de la ley, tal como lo ha denunciado el senador Girardi, no hubo un proceso abierto de consulta a los actores de la sociedad civil, lo que es impresentable bajo un gobierno autodenominado “ciudadano”.