Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 15 de julio de 2008. La ministra escuchó pero no se pronunció y por ello tenemos curiosidad en conocer la propuesta que modifica el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, documento que se publica hoy en el Diario Oficial. La Constitución Política de 1980 nos asegura que debemos vivir en un ambiente libre de contaminación y para ello dispone que es deber del Estado velar para que esta garantía no sea afectada. ¡Oh sorpresa!, también indica que las autoridades centrales deben tutelar la preservación de la naturaleza. Con la llegada de los partidos políticos al poder, en abril de 1994 entró en vigencia la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, que se empezó a aplicar tres años después, con la publicación del reglamento respectivo. Luego, en agosto de 1996, se declaró a la Región Metropolitana como zona saturada para cuatro contaminantes conocidos por todos y además zona latente para otro (dióxido de nitrógeno), lo que significó que el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de acuerdo con el mandato de la ley, debió iniciar los estudios conducentes a solucionar el problema, entre otros motivos porque es deber de la autoridad proteger la salud de la población. Y así fue como en mayo de 1998, hace diez años, se publicó en el Diario Oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), instrumento normativo que contenía 140 medidas destinadas a combatir de verdad la pésima calidad del aire en la saturada cuenca de Santiago. En su elaboración intervinieron más de 250 personas calificadas y muchas instituciones especializadas, incluyendo una veintena de asesores internacionales. Todos ellos consensuaron un documento de la mayor calidad que atacaba en su raíz la lacra de la contaminación en este territorio encerrado, en especial en otoño y en invierno con fenómenos como la inversión térmica y falta de vientos. Pero debido a que muchas de sus medidas afectaban ciertos intereses económicos, los gobiernos pasados empezaron en forma paulatina a modificar su contenido y el clímax se produjo en enero de 2004 con su total desmantelamiento. En efecto, con las eufemísticas palabras "reformulación" y "actualización", el PPDA quedó en la práctica huérfano de regulaciones preventivas efectivas que conducían a controlar la creciente emisión gases tóxicos. Dado que el 25 de mayo le dijimos por escrito a la Presidenta Michelle Bachelet que el intento del Ministerio de Vivienda en orden a continuar expandiendo la ciudad era opuesto al propósito de reducir la contaminación del aire, aunque sí generaría plusvalías patrimoniales a ciertos poseedores de suelo agrícola, haciendo notar que ante este anhelo estaban mudos los ministerios de Agricultura, Transportes y Medio Ambiente, el 9 de julio nos recibió en su despacho Ana Lya Uriarte, con el objetivo de intercambiar ideas sobre la expansión urbana y su directa relación con la tarea descontaminadora. Le expresamos que es un desacierto ocupar zonas de baja aptitud urbana, con peligro de inundación, pozos areneros y alto riesgo para la salud debido a los residuos químicos presentes en los suelos agrícolas que acogerían esa expansión urbana, sin dejar de tener presente los perjuicios económicos que produce la ocupación urbana de suelos de gran calidad agrícola. Le hicimos notar que hay 6 mil hectáreas disponibles al interior de la ciudad y que existe una abundante oferta de 40 mil departamentos sin comprarse, unido a un excesivo uso del automóvil causado por el mal funcionamiento del Transantiago. Le dijimos que era necesario disponer a la brevedad de instrumentos de ordenamiento territorial a fin de corregir los conflictos que surgen por una planificación urbana exageradamente sectorialista, aludiendo al Minvu, que deja de lado la participación de otros sectores -Agricultura por ejemplo- en la construcción de la ciudad, y terminamos indicándole que si se desea abordar de manera inteligente la lucha contra la mala calidad del aire, es indispensable reponer el PPDA original, con las necesarias adecuaciones y sin tenerle miedo a las críticas de algunos preocupados sólo de sus intereses privados. La ministra escuchó pero no se pronunció y por ello tenemos curiosidad en conocer la propuesta que modifica el menguado PPDA, documento que se publica hoy en el Diario Oficial. Nos tinca que será más de lo mismo.