Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman P., Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación, 4 de julio de 2008. El 29 de junio de 1983, en pleno Gobierno dictatorial, el conjunto de edificios que conforman la Estación Central fue declarado monumento histórico. El dueño de esas construcciones era y todavía es la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Entonces, a partir de esa fecha se encuentran protegidas por la Ley 17.288 la Plaza Argentina (hoy ya desaparecida), dos pabellones laterales con frontis de arco triunfal, la estructura metálica central y los dos edificios anexos situados al poniente, que habían sido destinados uno a hotel (en la actualidad ahí se desarrollan actividades de retail y comida) con frente a la mencionada plaza y el otro a ser ocupadas por las oficinas de la empresa ferroviaria (que allí hoy ya no funcionan). El mandato de la Ley 17.288 debe ser hecho cumplir por el Consejo de Monumentos Nacionales, que depende del Ministerio de Educación y es dirigido por un secretario ejecutivo. Ahora bien, hace un tiempo la citada empresa estatal convino un negocio en el extenso predio que le pertenece con el grupo económico Yaconi-Santa Cruz. Esto permitió el levantamiento del Mall Paseo Estación, de inusitado éxito comercial. Como las proyecciones de la actividad mercantil eran inmensas, otro actor más grande del mercado -Parque Arauco- recientemente, mediante Banchile, especialista en este tipo de transacciones, compró en 66 millones de dólares 83% de ese mall, quedando EFE con el restante 17% de la nueva sociedad. Hace algunos meses, este mall ingresó en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Estación Central una solicitud para ampliar y modificar su construcción en una gran cantidad de metros cuadrados pero sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), posiblemente debido a que sus directivos sabían que esta legislación suele ser meramente decorativa: la Conama siempre ha dicho que no puede exigir el cumplimiento de la ley, porque la responsabilidad de ingresar al SEIA recae en el titular del proyecto, con lo que queda claro que la evaluación es voluntaria. La empresa ferroviaria fue la que pidió el permiso en la municipalidad, en su calidad de dueño del terreno y dijo que la dirección es San Francisco de Borja 122, vialidad intercomunal, con un ancho entre líneas oficiales de 25 metros; es decir, es una reducida vía colectora que no admite la edificación de un equipamiento mayor como ese mall. Revisando la documentación, encontramos que figuran en la tramitación del permiso dos arquitectos revisores distintos, con el agravante de que la fecha de revisión de uno es posterior a la fecha de aprobación del permiso, ocasión en que se pagaron los derechos municipales por la calidad de la construcción. ¿Estamos ante un error administrativo? Como somos curiosos y nos gusta saber, el 24 de abril pasado consultamos por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales si había autorizado la modificación de las fachadas de los edificios anexos a la Estación Central, dado que están protegidos por la ley. A la fecha no nos responde lo que, en rigor, no nos debe llamar la atención, porque es práctica habitual no contestar preguntas difíciles. El 6 de mayo, con la Fundación Pro Acceso, nos dirigimos al nuevo presidente de EFE, Jorge Rodríguez Grossi, para preguntarle por los contratos suscritos por la empresa con los privados para ejecutar este negocio, con énfasis en el proceso de licitación y la adjudicación del proyecto. El 28 de mayo pasado, el fiscal de EFE Luis Sánchez Castellón nos respondió asegurándonos que su empresa no se encuentra desarrollando ni es parte del proyecto aludido ni ha celebrado contratos con terceros. Nos señaló que los terrenos se arrendaron a las empresas Inmobiliaria Paseo de la Estación S.A. y Terminal San Borja S.A.: estas sociedades "al parecer se encontrarían desarrollando el proyecto..." (sic). Sánchez Castellón nos dijo finalmente que no puede acceder a lo solicitado porque no tiene nada: alucinante contestación. Debido a las incongruencias descritas, el caso lo está viendo la Contraloría General.