Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 26 de junio de 2008. Con posterioridad a la emisión del dictamen que puso las cosas en su lugar en cuanto al concepto “conjunto armónico”, una municipalidad del sector oriente de Santiago sigue aprobando anteproyectos y dando permisos de edificación viciados. Hace poco, la Contraloría emitió un contundente dictamen sobre la incorrecta aplicación que hacían del concepto "conjunto armónico" los profesionales públicos y privados que se desempeñan en la tramitación de los permisos de edificación. Éstos, muy sueltos de cuerpo, admitían que los proyectos que contemplaban la construcción de un solo edificio podían verse beneficiados con las normas asignadas a las agrupaciones o conjuntos de edificios que deben cumplir una serie de variables contenidas en un marco regulatorio. Simplificando, se construían proyectos con el máximo de metros cuadrados asignados a "conjuntos armónicos", pero concentrados en una torre, para así evitarse los mayores costos fijos asociados a la segunda torre: de partida es más barato ejecutar una excavación que dos. Debemos tener en cuenta que los pronunciamientos que emite el ente fiscalizador revisten fuerza obligatoria para todos los órganos de la administración, de modo que su falta de aplicación significa, por una parte, el incumplimiento de lo allí resuelto, como la transgresión del artículo noveno de la Ley 10.336. En teoría, los funcionarios y/o autoridades renuentes a acatar estos dictámenes incurren en falta, pero como nos desenvolvemos en un ambiente light, no hemos sabido si la Contraloría ha ejercido toda su potestad contra los agentes públicos que eluden sus resoluciones. A modo de ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas se niega a obedecer un dictamen de la Contraloría respecto de la violación de la Ley de Bases del Medio Ambiente de parte de una concesionaria de autopistas. Lo anterior lo mencionamos porque, con posterioridad al 17 de abril de 2008, fecha de la emisión del dictamen de la Contraloría que puso las cosas en su lugar en cuanto al concepto "conjunto armónico", una municipalidad del sector oriente de Santiago sigue aprobando anteproyectos y dando permisos de edificación viciados, es decir, con la misma trampa reseñada. Uno de ellos, de fecha 21 de abril de 2008, para que un conocido banco extranjero comercial construya un edificio de 21 pisos en el sector de mayor plusvalía de Las Condes y el otro, del 22 de abril de 2008, para que una inmobiliaria que en su nombre de fantasía incorporó la palabra "ambiente", levante un edificio de 19 pisos en avenida Kennedy cerca del Parque Arauco. Debido al desorden imperante, el lunes 16 de junio, aprovechando el lanzamiento del libro editado por la Fundación Pro-Acceso "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile" en el auditorio de la Contraloría General y dado que en la testera estaba, entre otros, el ministro José Antonio Viera-Gallo, en la ronda de preguntas del público, formulamos a él dos precisas propuestas para atacar de verdad la creciente lacra de corrupción y secretismo que se observa en el aparato del Estado y, fundamentalmente, en las municipalidades. Le hicimos notar al desenvuelto y locuaz ministro que era indispensable aumentar el presupuesto de operación que el Ministerio de Hacienda fija a la Contraloría, porque con los recursos actuales no está en condiciones de ejercer de modo oportuno sus correctivas tareas y, es más, le propusimos que se analizara la posibilidad de que en el mediano plazo dispusiera del mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía hace 35 años. También le manifestamos que era indispensable modificar su antigua Ley Orgánica Constitucional para que, entre otras necesarias modernizaciones, sus dictámenes tengan imperio. El ministro, en la ocasión que tuvo que responder, prefirió no referirse a las dos puntuales propuestas que formulamos para mejorar la función de la Contraloría. Entendemos que no estaba en condiciones de asumir una posición clara y por ello que valga esta tribuna para que el Gobierno haga los estudios pertinentes con el propósito de que en un futuro cercano, en aras del Estado de derecho, tengamos una Contraloría más robusta. Si se procede en consecuencia, la ciudadanía lo reconocerá positivamente.