Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en "El Periodista", 20 de junio de 2008. Bajo la interpretación mañosa del concepto “Conjunto Armónico” en el negocio inmobiliario, muchos privados desde hace tiempo han obtenido mayores ganancias en sus negocios, ya que la casi mayoría de los directores de obras municipales del país han aceptado violar distintas normas de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para favorecer a los poseedores de permisos de edificación que han dicho que sus proyectos califican como tales. Recordemos que bajo esta figura de excepción los proyectos aumentan considerablemente los coeficientes de constructibilidad y altura máxima permitida que pueden tener en las diferentes zonas de las comunas. Afortunadamente el 17 de Abril pasado la Contraloría General de la República emitió su dictamen Nº 17.707, de fecha 17 de abril de 2008, referido sobre el asunto, poniendo las cosas en su justo lugar. Dejó al descubierto un masivo fraude a la Ley respectiva, lo que es muy sano en nuestra diaria convivencia. En efecto, diversas direcciones de obras municipales, coludidas con actores particulares, han hecho una interpretación abusiva e injustificable de dicha normativa. Mediante ella, y violando toda lógica, han dicho que la palabra “conjunto” puede ser aplicada a casos donde hay una sola “unidad”. Esta interpretación absurda ha significado que diversos agentes privados, evitándose los mayores costos que significa construir “conjuntos” o “agrupaciones” de edificios, han operado en la impunidad más absoluta porque el propio ministerio de Vivienda y Urbanismo ha amparado esta singularidad. En síntesis, el ente fiscalizador señaló que el concepto “Conjunto Armónico”, en el ámbito que nos interesa, implica, necesariamente, la existencia de una agrupación de construcciones, de manera que nos es posible otorgar esa calidad a un proyecto de edificación conformado por una sola unidad. Por lo anterior, con el Movimiento “Acción Ecológica”, en días pasados dimos a conocer un Comunicado de Prensa, exigiéndoles a los municipios que están involucrados en este fraude, que así lo declaren y que entreguen a la opinión pública el listado de todos los proyectos que se han visto ilícitamente beneficiados. Con esa información disponible, pretendíamos exigirle a las propias municipalidades que dejaran sin efecto los permisos ilegales que no se hubieran construido, en el entendido de que los ya edificados forman parte de la recurrente fórmula de los hechos irregulares consumados. Pero a pesar de que los dictámenes de la Contraloría revisten fuerza obligatoria para todos los órganos de la Administración, se ha continuado aplicando incorrectamente la normativa y el último caso lo conocimos recientemente con una aprobación de un anteproyecto de un edificio de 21 pisos que se desea emplazar al llegar a la punta de diamante conformada por las avenidas El Bosque Norte e Isidoro Goyenechea en el sector de moda llamado El Golf. En efecto, un conocido banco comercial obtuvo esa autorización en fecha posterior a la fecha de emisión de la resolución de la Contraloría General (sic) y como es contraria a derecho, nos vimos obligados a entregar todos los antecedentes en aquella para que exija el cumplimiento de la ley y de su propio esclarecedor dictamen.