Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación, 19 de junio de 2008. A mediados de 2003 la Universidad Mayor pretendió demoler un inmueble de valor patrimonial que le pertenecía antes a la Congregación del Buen Pastor. Éste se encuentra localizado en la esquina norponiente de calles Santo Domingo y Mac-Iver. Tal centro de estudios superiores quería edificar allí una inmensa torre de más de 20 pisos. Estamos hablando del Colegio Rosa de Santiago Concha que, con la Iglesia de San Pedro y el Claustro de las Monjitas, forman una unidad arquitectónica armónica, protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales. La universidad había comprado el colegio a la congregación religiosa con propósitos educacionales, pero con el paso del tiempo decidió optar por un negocio más rentable y por ello solicitó un permiso de edificación en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago. Ante lo grotesco de la iniciativa mercantil, se armó una polémica de proporciones, donde intervino hasta el Tribunal Constitucional, que ocupa la Casa Velasco, situada frente al colegio en cuestión. El presidente del tribunal se dirigió al alcalde Joaquín Lavín para expresarle su decidida oposición a la construcción de la torre, porque ello sería muy inconveniente para la conservación del patrimonio histórico cultural de esa comuna. Debido a ello el Concejo Municipal acordó suspender la demolición ad portas y el director de Obras, Miguel Saavedra, le señaló al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales que ejerciera sus atribuciones para evitar una nueva pérdida de casonas tradicionales. La universidad ya había transferido la propiedad a una inmobiliaria, suponemos que asociada, la que presentó un recurso de ilegalidad en contra de la municipalidad, que fue rechazado de plano porque el asunto quedó zanjado finalmente por el CMN. Se salvó ese inmueble y ahí funcionan en la actualidad unas dependencias educativas de esa universidad. En días recientes la Universidad Mayor le encomendó a un arquitecto determinado que proyectara una construcción anexa al edificio principal que ocupa en la comuna de Huechuraba y así fue como en febrero de 2008 se iniciaron las faenas, sin que el titular del proyecto contara con permiso de edificación. Es más, según hemos sabido por terceros, se habrían violado algunas normas urbanísticas, como, por ejemplo, el distanciamiento contraviene la ordenanza del respectivo Plan Regulador Comunal. Y aunque parezca increíble, el profesional que suplantó al arquitecto oficial no informó a la autoridad municipal competente que estaba ejecutando la obra y por ello, además, ha sido denunciado por el afectado al Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos, entidad que deberá emitir un fallo próximamente. En este caso, la directora de Obras, tan pronto supo lo que estaba aconteciendo en su territorio jurisdiccional, impartió las instrucciones destinadas a paralizar las obras clandestinas y, a raíz de ello, la felicitamos por escrito, por haber cumplido a cabalidad con su labor municipal. Nos contestó que tan pronto como sus peritos revisen las construcciones ilegales, ella deberá adoptar la decisión que corresponda, porque de haber alguna vulneración de las normas urbanísticas y de edificación, tendrá que pedirle entonces a la alcaldesa Carolina Plaza que firme el decreto de demolición respectivo. Estos dos ejemplos indican que esa desobediente universidad privada considera que son trámites burocráticos innecesarios adscribirse a los marcos regulatorios que el país se ha dado. Pero por la oportuna fiscalización que se ha ejercido, en ambos casos ha salido como perdedora neta. Quisiéramos que estas prácticas comerciales indeseables se analicen en forma autocrítica al interior de su directorio compuesto por gente de primer nivel económico, social y educacional. Sus alumnos, administrativos, investigadores y académicos merecen una convincente explicación del rector por los hechos sucedidos, más aún si en sus aulas, como creemos, los profesores hablan de probidad y transparencia.