Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 10 de junio de 2008. Está claro que si el proyecto, significativamente pro inmobiliario, se aprueba en los términos concebidos, permitirá una desenfrenada especulación con el uso del suelo, dejando indefensa a la ciudadanía. El 3 de junio, en una operación blitzkrieg (guerra relámpago), el Ministerio de Vivienda logró que el Senado aprobara por 31 votos a favor y una abstención (del senador Guido Girardi) su proyecto que modifica la Ley de Vivienda en materia de planificación urbana. Esto, pese a las objeciones de fondo planteadas por diferentes actores sociales, académicos y gremiales, como la Coordinadora Metropolitana de Organizaciones Territoriales, nuestra Fundación, algunas organizaciones ciudadanas de Valparaíso y Viña del Mar, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, el Colegio de Arquitectos y en especial su delegación en la Quinta Región. El ministerio había solicitado que el proyecto se tramitara con suma urgencia, lo que significaba que en el mínimo plazo de cinco días el asunto se debía aprobar, pero debido a las impugnaciones ciudadanas se aplazó hasta el 7 de julio. Hemos sabido que la comisión de Vivienda del Senado abrirá un espacio abierto y no burocrático para que la ciudadanía pueda aportar sus visiones y alcances de bien público para transformar de manera radical este proyecto. El proyecto fue elaborado por un grupo cerrado de gente inteligente que propicia el crecimiento económico a como dé lugar, por tanto, depredador, irrespetuoso de los equilibrios medioambientales y, en definitiva, entregando casi todo el suelo del país a las actividades mercantiles inmobiliarias, sector de la economía que, hace muchos años, dispone de las máximas franquicias tributarias de parte del Estado. Como los redactores de la modificación oficial son hábiles, introducen vagos conceptos de participación ciudadana y otras expresiones "políticamente correctas". Aunque parezca surrealista, un alto porcentaje de los senadores que votaron no conocían tal proyecto vestido de modernización, palabra de moda que entrega credibilidad a los ingenuos. Por fortuna, el ministro José Antonio Viera-Gallo, antes de la votación del 3 de junio, recibió en su despacho a los dirigentes sociales que más se han destacado en mostrar las inequidades y verdaderas intenciones del proyecto. Creemos que el ministro entendió el mensaje transmitido, lo que habría influido para postergar, por lo menos en un mes, la votación en la sala. En todo caso y pese a que votaron favorablemente la idea de legislar, los senadores Antonio Horvath (RN), Alejandro Navarro (PS), Jaime Gazmuri (PS) y Carlos Cantero (independiente) expusieron con lujo de detalles que esta ley debía tener un amplísimo proceso de intercambio de opiniones, profundizando el debate en todos los frentes, porque la materia es demasiado compleja. Esto no ha sucedido hasta ahora. Esperamos que en el transcurso de estos 30 días, el máximo de organizaciones de la sociedad civil de todo el país, ojalá bien asesoradas por profesionales competentes, le hagan llegar al senador Jaime Naranjo, presidente de la comisión de Vivienda, sus observaciones al proyecto para que éste, después de su discusión, sea beneficioso para la nación. No está demás decir que la normativa debe estar ligada a la Ley de Medio Ambiente, tampoco consensuada con los actores sociales, que está ingresando en estos días al Congreso después de haber sido anunciada el 4 de junio pasado en La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet. Está claro que si el proyecto, significativamente pro inmobiliario, se aprueba en los términos concebidos por el Ministerio de Vivienda, permitirá una desenfrenada especulación con el uso del suelo, dejando indefensa a la ciudadanía y postergando los vitales intereses silvoagropecuarios, lo que en definitiva estimamos que no sucederá. Al contrario, tenemos confianza en que el proyecto se transformará con las legítimas voces de las organizaciones civiles y los académicos y como este proceso toma su tiempo, el Senado deberá ampliar el período previsto, porque un "Gobierno ciudadano" debe escuchar a todos los referentes que bregan por perfeccionar las políticas públicas en el ámbito urbano-ambiental.