Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación, 10 de agosto de 2007. Hasta ahora se han detectado 35 permisos otorgados con normas derogadas, negocios que representan más de mil millones de dólares. Estaremos atentos al desenlace de esta “operación engaño”, sintomáticamente silenciada. La Nación DEBIDO A QUE las normas urbanísticas de Las Condes eran demasiado permisivas y con el fin de impedir el deterioro urbano creciente que se estaba produciendo, resultó necesario introducirles varias restricciones. Esto aconteció a partir del 5 de diciembre de 2003, con la puesta en marcha de las modificaciones del plan regulador. Cuando ocurren estos cambios, los municipios evitan por ley que en la víspera ingresen a sus direcciones de obras nuevas solicitudes. Así, impiden una avalancha de tramitaciones de permisos apoyados en las reglas que se van a derogar. En Las Condes, no obstante, esta medida juiciosa y preventiva jamás aconteció por razones de fácil comprensión. La nueva regulación permite una altura máxima de edificación de quince pisos. Antes no existía límite. Además, estableció topes para las densidades habitacionales en muchos sectores de la comuna. Como era de esperar y dado que el sector inmobiliario está muy bien informado, antes de ese 5 de diciembre se registró un ingreso masivo de solicitudes de anteproyectos. Muchas de ellas para edificios de 30 pisos o más. La oficina técnica municipal, muy suelta de cuerpo, ideó fórmulas habilidosas y no aplicó la legislación vigente para que el trámite de solicitudes concluyera años después en los permisos de edificación correspondientes. Ahora bien, cuando un solicitante ingresa una petición en la municipalidad, ésta tiene la obligación de otorgar ese acto administrativo dentro de quince días si están correctos los antecedentes que vienen en el documento. Si faltan datos o hay otras inconsistencias, por escrito el director de Obras debe expresar al solicitante, en un solo acto, que tiene que regularizar la situación. Para ello este último dispone de 60 días. Con el propósito de evitar actos discrecionales, es necesario suscribir un acta de observaciones, de modo que exista constancia de las situaciones que se deben subsanar. Para evitar malos entendidos, en el acta se mencionan con claridad cuáles normas urbanísticas o de edificación no han sido cumplidas a la fecha de ingreso de la solicitud. Si las observaciones no son resueltas en este plazo, el director de Obras debe rechazar la solicitud de anteproyecto. Cuando no se otorgan los permisos en ninguno de los plazos, el inmobiliario que se sienta afectado por la discrecionalidad funcionaria puede invocar la ley del silencio administrativo para que la autoridad superior exija cumplir con las normas. Y si ella tampoco responde, el permiso automáticamente se entiende autorizado. Sin embargo, en Las Condes nada de eso ocurrió. Lo que se buscaba era sobrepasar la ley y con posterioridad al 5 de diciembre de 2003 siguieron tramitándose las solicitudes de modo habitual. Los constructores que querían apoyarse en las normativas urbanísticas caducadas no hicieron valer la ley del silencio administrativo para beneficiarse de la lenidad municipal. La legislación respectiva establece que las normas contenidas en los permisos de anteproyectos se pueden asimilar a los permisos de edificación y para ello debe mediar un plazo máximo de un año (artículos 1.4.11. y 3.1.4. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones). Pero un funcionario ministerial, sin saber que no puede distorsionar el sentido de la ley, elaboró una vía de ampliar informalmente esa fase. En una circular se estableció que los inmobiliarios podían ingresar a las direcciones de Obras solicitudes de permisos de edificación durante la vigencia de los anteproyectos, lo cual es lógico, pero añadiendo que los futuros permisos de edificación conservarán las pautas de los anteproyectos correspondientes. Esto es irrisorio: así se daría espacio a la indefinición en materia de plazos, algo contrario a todo principio legal. Hasta ahora se han detectado 35 permisos otorgados con normas derogadas, negocios que representan más de mil millones de dólares. Estaremos atentos al desenlace de esta “operación engaño”, sintomáticamente silenciada por quienes dominan el mercado.