Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación, 13 de junio de 2007. Sobre la base del artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el concejal Hugo Unda entregó todos los antecedentes al fiscal del Ministerio Público, porque estamos ante una defraudación al patrimonio de la municipalidad. En ocasiones anteriores, informamos sobre los recursos detectados en la Municipalidad de Las Condes para que los titulares de los proyectos inmobiliarios más lujosos del país paguen una fracción mínima de lo que les corresponde por los derechos de calidad en la construcción de obras; se trata de una maniobra que produce ganancias para estos titulares e importantes mermas económicas al municipio. De esta manera, por extensión, se daña a los más pobres de la comuna, porque hay menos dinero para gastos sociales. También vimos la argucia en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de obligar a la Dirección de Obras de Santiago para que el funcionario encargado de los permisos de edificación certifique que los departamentos de las torres que se construyen en el centro son viviendas sociales, con lo que -entre otras cosas- las dejan exentos de edificar estacionamientos y además obtienen beneficios tributarios. Se trata de los llamados edificios colmenas, cuyos compradores reciben un subsidio de 200 UF a cargo del Estado por el concepto de renovación urbana. En rigor, debería llamarse deterioro urbano, porque al ser tan diminutos la mayoría de esos departamentos resulta imposible atraer a las familias para que vivan en ellos. La situación está radicada en la Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, órganos que en un tiempo más tendrán que poner las cosas en su lugar, independientemente que, gracias a las publicaciones que se han hecho en los medios de prensa independientes, la Comisión de Vivienda del Senado se abocará a conocer estas situaciones. Ahora bien, recientemente la Contraloría dictaminó que el recurso que se usa en Las Condes constituye un comportamiento no ajustado a derecho, por lo cual la respectiva municipalidad deberá clasificar en forma correcta todos los permisos de edificación que han sido denunciados y le ha exigido al alcalde Francisco de la Maza que regularice esta situación, instruyendo a la Dirección de Obras para que en el futuro use el cuestionario de atributos de la construcción oficialmente reconocido, aparte de ordenar la instrucción de un sumario para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Tales funcionarios, suponemos que con el objetivo de congraciarse con inmobiliarias involucradas en estos casos, habían modificado los formularios entregados por el Minvu, reduciendo la cantidad de atributos evaluables en terminaciones e instalaciones y, para mayor sorpresa, habían delegado (sic) su elaboración a las propias constructoras, que en pro de la eficiencia comercial cometían errores a fin de pagar menos. Todo lo anterior, como se estila en Chile, bajo el sacrosanto principio de la buena fe, como argumentan aquellos que son descubiertos en este tipo de inequidades que afectan al resto de la ciudadanía. La Contraloría certeramente expresó sobre estas situaciones que “resulta cuestionable que la clasificación otorgada a todos los permisos analizados, sea aquella que efectivamente les correspondía” y sentenció que los anteriores “no se ajustan a la normativa vigente”. Para remediar estas ilegalidades, el nuevo contralor general dio un plazo fijo al alcalde de Las Condes para que le informe en detalle acerca del resultado de las medidas correctivas, plazo que venció el 7 de junio pasado. Lo más interesante es que, sobre la base del artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el concejal Hugo Unda entregó todos los antecedentes al fiscal del Ministerio Público, porque estamos ante una defraudación al patrimonio de la municipalidad. El mencionado artículo establece que los funcionarios municipales son administrativa, civil y criminalmente responsables de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la aplicación de esa ley. Y tocó la favorable casualidad que el fiscal que investigará el desbarajuste municipal será el conocido Xavier Armendáriz. Esto significa que los renombrados lobbistas de la plaza no tendrán cabida para arreglar el entuerto.