Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman de la Agrupación “Defendamos la Ciudad”, publicada en El Periodista, 22 de diciembre de 2006. En Chile se ha generalizado la cultura del secreto porque en general los funcionarios del Estado, haciendo caso omiso de las leyes, optan por esconder del escrutinio público una serie de actos administrativos, con el pueril argumento de que aquellos son privados. Es decir, la doctrina impuesta por los grupos económicos ha calado hondo y quienes antes eran “servidores” de la comunidad se han transformado en “serviciales” adláteres de quienes se desenvuelven en el mundillo de los negocios. Señalo lo anterior, a la luz de lo que está sucediendo con las torres conocidas como “Plaza Las Lilas”, en la comuna de Providencia, las cuales cuentan con un permiso de edificación dejado sin efecto por la Contraloría y revalidado por la Corte Suprema, porque el ente fiscalizador “carecería de atribuciones para examinar el fondo de la legalidad de los permiso urbanísticos”, frase para el bronce del máximo tribunal jurisdiccional del país. Ahora bien, el titular del proyecto había comprado el teatro Las Lilas y una serie de viviendas aledañas que conforman una manzana completa y como el terreno resultante supera una cierta superficie fue calificado como Conjunto Armónico, con lo cual obtiene beneficios para determinar el coeficiente de constructibilidad. Pero para hacerse acreedor a esas regalías, los diferentes predios tenían que estar debidamente fusionados : así el terreno resultante calificaba para recibir tales beneficios. En lo que respecta a la publicidad de los permisos de edificación, el artículo 1.4.21. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, obliga a las Direcciones de Obras Municipales a exhibir una nómina en el acceso principal de sus oficinas con todos los anteproyectos, subdivisiones y permisos otorgados, con la idea impositiva de “mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas autorizaciones o permisos.” Es decir, la norma reglamentaria en materia de Urbanismo y Construcciones obliga perentoriamente al Director de Obras a aplicar los principios de transparencia y publicidad, no tan sólo respecto de los permisos de edificación, sino también de todos los antecedentes y documentos que les sirven de sustento, sobre los cuales no cabe reserva ni excepción alguna. A pesar de lo anterior, el singular Director de Obras de Providencia, hace algunos días atrás se negó a entregarle copia de la documentación solicitada por los vecinos que se oponen a esas torres, los cuales sabían que -por motivos desconocidos- los terrenos que conforman la manzana no se habían fusionado. Ergo, el polémico permiso de edificación carece de sustento legal. Lo más brutal es que el Director de Obras en cuestión se negó a proceder con transparencia, porque aducía haber recibido una “instrucción” escrita de la inmobiliaria, en términos tales que se le prohibía dar a conocer a terceros esa información de carácter pública. Sí amable lector, no estamos ante una alucinación del columnista. Este es el tipo de arbitrariedades que tenemos que erradicar con urgencia, ya que no se puede condicionar la publicidad de un acto administrativo terminal a la sola voluntad de un particular interesado en su ocultamiento. Y así fue como esa rebelde municipalidad, por aplicar la lacra del secretismo, ha sido llevada vía un recurso de protección a los tribunales de justicia, con todos los gastos que ello significa. Esperamos un pronto fallo para que opere la legislación vigente.