Defendamos la ciudad

El Mostrador, 27 de octubre de 2006 por Patricio Herman* En un pasado acto de celebración de un aniversario de la Contraloría General de la República, Arturo Aylwin, su titular de entonces, decía: “Nuestro Organismo no puede ser un simple observador en el proceso de reforma administrativa y limitarse exclusivamente a formular reparos, hacer sumarios y cumplir sus demás funciones tradicionales. La sociedad chilena requiere que la Contraloría tenga un papel activo, que sea ejemplo en el proceso de transformación y mejoramiento de la Administración del Estado, cumpliendo siempre su papel en el resguardo de la legalidad, del patrimonio público y de la probidad, en armonía con esa dinámica de innovación”. Ahora bien, el quehacer constitucional de este organismo fiscalizador ha estado siendo objetado por ciertas asociaciones empresariales ligadas al negocio de la construcción, a raíz de algunos de sus tantos dictámenes y sus poco sustantivas críticas han sido compartidas por los tribunales superiores de justicia. No conformes con ello, ese sector de la economía ha enviado mensajes al gobierno para que la Contraloría no se inmiscuya en el análisis de la legalidad de los actos administrativos de las direcciones de obras municipales, ni en las resoluciones emitidas por los secretarios regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo, instituciones públicas que hacen gala de una desmedida vocación inmobiliaria. Recordemos que los tribunales han sentenciado que sólo esas dos dependencias tienen atribuciones para establecer la legalidad de los permisos de edificación, acogiendo al pié de la letra lo que decían aquellos privados que han recurrido de protección ante ellos. Ya emitieron fallos en tal sentido y al ser de mayor rango que los dictámenes de la Contraloría, establecieron hechos útiles para “justificar” las críticas sectoriales a la anterior. El gobierno también sostiene que la Contraloría no debe pronunciarse sobre la legalidad de tales permisos con la idea de tolerar las interpretaciones amplias de los funcionarios de turno. Pues bien, por lo anterior y por otras razones de mayor trascendencia y peso, que tienen que ver con el deseo del gobierno a no sentirse controlado por nadie : recordar a modo de ejemplos, lo que sucedió con los spots televisivos del Plan Auge, cuando determinó la ilegalidad de 80 resoluciones publicadas en el Diario Oficial que establecían el secreto, las trampas del MOP para que no se evaluaran ambientalmente las autopistas y lo que está sucediendo en estos días con Chiledeportes, lo impulsó a no respetar la sana doctrina de confirmar como Contralor titular al funcionario de carrera de mayor jerarquía. Y así fue como Paulina Veloso, ministra secretaria general de la Presidencia, empezó a buscar dentro de su círculo de amistades y conocidos a un abogado concertacionista para ocupar dicha posición. Saltaron a la palestra varios nombres de distinguidos profesionales, los que no fueron aceptados por los senadores de la Alianza, hecho determinante, ya que el nominado por Palacio, debe ser ratificado por 23 votos del Senado y la Concertación tiene sólo 20. En todo caso, no debemos perder de vista que el indócil y ocurrente senador Nelson Ávila, yerno de un ex Contralor de lujo como Enrique Silva Cimma, ya ha expresado que él no está de acuerdo con la intervención política en ciernes. Ante el riesgo latente de que la Contraloría se transforme en un servicio más del poder ejecutivo y como afortunadamente desde el 11 de Marzo de 2006 estamos regidos por un "gobierno ciudadano", que escucha a la gente y que impulsa la democracia participativa, 27 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coordinadora Pro Derechos Urbanos, tomaron la iniciativa de entregarle formalmente el 29 de Agosto pasado, sus puntos de vista sobre esta materia a la Presidenta Michelle Bachelet. En síntesis, le planteaban la inconveniencia de la intromisión porque el valor más preciado de la Contraloría es su autonomía e independencia. Es más, como este gobierno tiene una mandataria abierta y franca, no tiene nada que esconder y por ello no se justifica en absoluto este intento de inocular al servicio fiscalizador. A través de la carta INTDGP 18524 del 2 Octubre de 2006 suscrita por la Asesora de Gestión del Gabinete Presidencial, nos contestó que el Gabinete de Paulina Veloso, nos iba a responder directamente acerca del análisis de los antecedentes que le enviamos a la Primera Mandataria. Como esa respuesta nunca llegó y con la sana idea de intercambiar argumentos con la ministra Veloso, desde hace tiempo le estamos solicitando una entrevista personal, ya que, respetando la atribución presidencial de nominar como Contralor a la persona que estime conveniente, consideramos necesario que la aludida ministra escuche a nuestro referente, para que así las decisiones estén mejor fundadas y no sean producto de meros arrebatos. El gobierno, posiblemente sin proponérselo, con sus reiterados desaires, le está ocasionando una afrenta a la Sub-Contralora Noemí Rojas, quien, cual estoica guerrera espartana, sigue haciendo su labor con singular acierto y llevando a cabo el proceso de modernización que se requiere con urgencia. Esto lo saben los senadores, como también el gobierno y todos aquellos interesados en las cuestiones de la administración del Estado. Molesta la ministra Veloso porque no se llegó a un acuerdo con RN y la UDI para nombrar a un abogado concertacionista en la Contraloría, decidió motu proprio, a elegir al competente abogado Pablo Ruiz-Tagle, socio en el Estadio Jurídico de Carlos Larraín, presidente de RN, con la habilidosa idea de que algunos senadores de este partido político apoyarían esa nominación. Calculó mal la ministra, porque todos los senadores de derecha están cuadrados con la sana doctrina de que los contralores deben provenir de la institución, ya que los afuerinos, por muy doctos y capaces que sean, de una u otra manera, se deben al poder político y siempre tendrán tendencias a escuchar las peticiones non sanctas que habitualmente formulan los ministros y altos jefes de servicios. La ministra, al nominar a Ruiz-Tagle, hombre afín a la Concertación, expresó a los medios que deseaba conocer los argumentos en contra del elegido en la votación del Senado, segura de que por sus óptimas calificaciones académicas era difícil objetarlo. A través de esta líneas y concordando con el procedimiento ministerial, le solicitamos responda a la ciudadanía cuales son las razones de fondo que tiene el gobierno para vetar a la Sub-Contralora. Le podemos asegurar que, si demuestra incompetencia funcionaria, comportamientos éticos reñidos con las prácticas de los servidores públicos, alguna actuación contraria a la probidad o cualquier otra conducta impropia, seremos los primeros en apoyar a la ministra en su propósito de nominar a un externo. Ya que la próxima votación del Senado se conoce de antemano, porque sería de mal gusto que en nuestro país existiera una Contraloría de la Concertación, nos gustaría que la Presidenta Bachelet tome el control de la situación, con la certeza de que ella prefiere que la Contraloría mantenga su impronta libertaria para hacer las cosas siempre de acuerdo a derecho. El contralor tiene que ser 100% refractario a escuchar rogativas de quienes ejercen el poder político. La transparencia, de la que tanto se habla, exige que sean inspeccionadas regularmente todas las dependencias públicas y para que los resultados sean eficaces, el fiscalizador no puede ser dependiente del fiscalizado y esto lo sabe mejor que nadie la máxima autoridad del país. _______________________________ Patricio Herman P. Agrupación “Defendamos la Ciudad” www.defendamoslaciudad.cl