Defendamos la ciudad

Patricio Herman Agrupación “Defendamos la Ciudad” Triunfó la comunidad del sector Plaza La Lilas en la comuna de Providencia. En efecto, gracias a sus competentes líderes Rodrigo Cociña y Víctor García, lograron que la Contraloría anulara un proyecto de edificación a escala muy diferente a la que tiene ese barrio. Lo anterior es un indicio para sostener que ha llegado la hora de que avancemos hacia la modernidad permitiendo que sean los ciudadanos los dueños de sus destinos en materias de planificación urbana local. El imperio del derecho establecido por la Contraloría fue un golpe duro para los especuladores y para la institucionalidad en general, ya que los vecinos afectados por ese megaproyecto inmobiliario nunca fueron escuchados por ninguna persona que tuviera poder de decisión : algunos concejales concertacionistas simpatizaron con su movimiento y el diputado Jorge Burgos los apoyó, pero ellos no cortan el queque. El inversionista, grupo económico Penta, fue hasta despreciativo con los vecinos, creyendo que su permiso era intocable porque tenía el aval del Seremi de Vivienda y Urbanismo. Es más, nosotros mismos en columna publicada el 1º de Enero de este año en El Mostrador asegurábamos que dicho permiso tenía vicios insalvables. Tal interpelación pública no fue desmentida por nadie y así fue cómo la Contraloría, con las mismas argumentaciones, el 5 de Junio pasado declaró su invalidación. Ahora bien, en estos días la municipalidad de Providencia está dando a conocer a la comunidad las modificaciones a su PRC y para tal propósito ha dividido el territorio en 7 sectores. Los autores de las nuevas normas son los arquitectos de Asesoría Urbana y el Concejo Municipal con su alcalde a la cabeza. Desean mantener la construcción en altura, aunque de forma más matizada y los vecinos de las distintas zonas pueden formular sus propias observaciones. La experiencia nos indica que ese proceso sólo valida una aparente participación ciudadana y que no sirve para nada porque al final se aprueba lo que el sector privado de la construcción necesita para “mantener la inversión y dar trabajo”. Así las cosas y en el entendido de que hay que utilizar las leyes vigentes, es indispensable recoger lo que está establecido en los artículos 99º y 100º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y llevar a cabo un plebiscito para que se confronten en votaciones libres y debidamente informadas en igualdad de condiciones, las propuestas oficiales con las que impulsan las organizaciones comunitarias asistidas por profesionales pro desarrollo sustentable. Es legítimo que mucha gente defienda sus barrios de la voracidad mercantil como también es válida la posición de otros que esperan vender sus viviendas unifamiliares a buen precio para que otros las demuelan y levanten torres. Por ello, si verdaderamente creemos en la democracia, el alcalde con el acuerdo de su concejo deberá someter a votación ambas posiciones y si los anteriores se niegan a llamar a plebiscito, cosa que no nos extrañaría, los ciudadanos deben organizarse, tal como lo hicieron ejemplarmente los de La Reina, y juntar las firmas del 10% de los que están inscritos en los registros electorales de esa comuna. Así el alcalde Labbé dictará el decreto correspondiente, en donde se fijará la fecha de la realización de ese acto democrático, teniéndose en cuenta que su resultado será vinculante siempre que los votantes sean más que el 50% de los inscritos en los registros electorales. La pregunta que nos debemos hacer ahora es si el plebiscito será propuesto por el alcalde y “sus” concejales o por el 10% de los ciudadanos inscritos en esa comuna. Nos gustaría que la iniciativa provenga de sus autoridades.