Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman P. y Jorge Cisternas, publicada en "El Mostrador" 12 de Junio del 2006 Frente a la crisis ambiental que nos agobia, nuestra Agrupación viene sosteniendo y demandando desde hace tiempo el restablecimiento de los consensos que se fueron logrando entre los agentes más relevantes en la materia en la década de los 90 y en el 1º año del gobierno del presidente Lagos. Durante ese período, los gobiernos de la Concertación fueron capaces de liderar un proceso que permitió establecer las bases de una política ambiental sustentable y dotar al país de la institucionalidad necesaria para implementar esta política, la cual contempló diversas instancias de participación ciudadana como correspondía en una administración democrática. Dada la insuficiencia de los instrumentos de regulación ambiental para enfrentar los problemas de contaminación en la Región Metropolitana, en base a lo estipulado en la Ley Ambiental (Nº 19.300), en Mayo de 1998 se concretó un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA-RM). Posteriormente, en el marco de los compromisos presidenciales contraídos, el presidente Lagos convocó una mesa de trabajo con participación de representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil para desarrollar una “Acuerdo por un Aire Limpio”, a la vez que estableció formalmente una “Política Nacional de Participación Ciudadana”, disponiendo de un completo “Instructivo Presidencial” ad hoc, en el cual se contemplaba la participación de representantes de la sociedad civil en la definición de las políticas sectoriales de las diversas reparticiones del Estado y en la fiscalización de su implementación, con especificaciones precisas para el Minvu y otros organismos públicos con responsabilidades urbano-ambientales. A partir del 2002, el gobierno de Lagos fue modificando su política, desechando los consensos alcanzados y debilitando la implementación de gran parte de los compromisos tomados. Es así como, en su posterior reformulación de Enero de 2004, el PPDA fue cercenado en las exigencias que planteaba en materia de transporte, urbanismo y construcción; la Comisión del “Acuerdo por un Aire Limpio” dejó de ser convocada, sin evacuar informe ni conclusiones; el Programa de Gobierno fue desechado como referente por parte de las autoridades del ejecutivo; el Instructivo Presidencial de Participación no fue cumplido y a los principales programas de implementación de políticas de impacto urbano-ambiental, no se les dotó de los recursos de gestión que requerían. Patético caso, es el Plan de Transporte Urbano para Santiago (PTUS), cuya implementación se concentró en el Transantiago, donde los continuos cambios de jefatura y dirección técnica, son fiel reflejo de la irresponsabilidad de la autoridad política. La megalomanía de ciertas autoridades llevó a imponer el objetivo de “Hacer de Santiago una Ciudad Competitiva a Nivel Internacional”, con una concepción del objetivo, en que se priorizó el desarrollo de grandes autopistas, extensiones del Metro y facilitación de la concentración del comercio minorista en grandes Malls y megamercados, promoviéndose así el uso del transporte vehicular privado, principal causante de contaminación. En un afán de facilitar la inversión urbana, sin afectar los intereses inmediatos de los grandes inversionistas, no se les exigían los Estudios de Impacto Ambiental que contemplaba la Ley y la fiscalización ambiental fue menguando cada vez más. El sumiso MOP con las concesionarias hasta llegó a denominar “autovías” a las autopistas, en su afán de que no se sometieran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La despreocupación por el desarrollo de las áreas verdes, la expansión urbana de Santiago, la concentración de la actividad económica en la RM, la segregación espacial en la ciudad y la densificación desordenada sin la debida implementación de la infraestructura urbana que ello requiere, han configurado un “Pasivo Urbano-Ambiental Oculto” dejado por el anterior gobierno, el que recién comienza a evidenciarse ante la ciudadanía. Consideramos que la responsabilidad de este pasivo, no es solo del gobierno saliente. En efecto, permanentemente las organizaciones ciudadanas sectoriales, le señalamos a la dirigencia política y sus parlamentarios, las irregularidades que se estaban cometiendo, sin que éstas tomaran cartas en el asunto. Tanto los parlamentarios de gobierno como los de oposición, además de lo señalado, estaban en antecedentes de que las grandes inversiones urbanas se decidían sin analizarse previamente opciones alternativas públicamente conocidas, sin debate técnico ni ciudadano, sin enmarcarse en la legislación ambiental ni menos someterse a evaluaciones sociales de proyectos y sin cumplir -infinidad de veces- con importantes normas jurídicas regulatorias. Los diputados, salvo aisladas excepciones, nunca quisieron asumir su papel fiscalizador con relación al proceso de toma de decisiones ; solo algunos, posiblemente con un afán oportunista, rasgaban vestiduras cuando las consecuencias habían sido expuestas por los medios de comunicación. Hay también una responsabilidad de aquellos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, que por negligencia o temor a ver cercenada su fuente de financiamiento, optaban por callar. Consideramos que, independientemente de nuestras posturas políticas, es importante sincerar las causas de la actual crisis urbano ambiental de Santiago y demandar la reposición de los consensos abandonados en la materia. Es cierto que han existido avances importantes en materia de educación ambiental escolar, exigencias tecnológicas y normas de emisión, pero las intervenciones estructurales de las cuales ha sido objeto Santiago, ya no se podrán revertir y al respecto recordamos lo que dijo el ex presidente de la Sofofa, Felipe Lamarca, “los gobiernos pasan, pero las cagadas quedan”: bastante gráfico pero veraz. Tal como se contemplaba en el programa de gobierno de Lagos, muy diferente sería la situación, si se hubiese promovido adecuadamente la desconcentración económico-espacial del país frenándose el crecimiento de Santiago; si se hubiese desincentivado la segregación social y económica al interior de la ciudad, disminuyéndose las distancias medias de recorridos intercomunales por motivo laboral; si se hubiesen adecuado los planes reguladores comunales, promoviéndose la habilitación requerida de servicios para disminuir las distancias de los recorridos escolares y de acceso a servicios ; si las autopistas se hubiesen evaluado adecuadamente con relación a sus impactos sociales y ambientales; si se hubiese desarrollado el PTUS y el Transantiago como estaba contemplado; si se hubiese impulsado el desarrollo de las ciclovías, las áreas verdes, etc. En síntesis, otra sería la situación, si la ciudad se hubiese venido desarrollando en la dirección correcta, la que, por lo demás, era la convenida. En esta perspectiva nos planteamos ante el nuevo Intendente, en reunión protocolar sostenida hace un par de semanas. Le insistimos a Víctor Barrueto que, para abordar responsablemente la tarea descontaminadora del aire, hay que atreverse a tomar decisiones que, por incómodas que sean, son las necesarias para reducir los altos niveles de toxicidad que respiramos los santiaguinos en los meses de otoño e invierno. __________________________________________________ Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z./Agrupación “Defendamos la Ciudad”