15 Febrero 2006

La clausura del aeropuerto Los Cerrillos

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación el miércoles 15 de febrero. El jueves 9 de febrero, la Contraloría General de la República tomó razón de la resolución Nº 116 del Gobierno Regional Metropolitano sobre el cambio de uso de suelo de esa infraestructura aeroportuaria...

El jueves 9 de febrero, la Contraloría General de la República tomó razón de la resolución Nº 116 del Gobierno Regional Metropolitano sobre el cambio de uso de suelo de esa infraestructura aeroportuaria, con lo cual se levantó la restricción de los vastos terrenos localizados al sur del aeropuerto que conforman el cono de aproximación. El acto legal fue publicado al día siguiente en el “Diario Oficial”, es decir, el Gobierno se demoró horas en concluir el proceso que tanto le interesaba. El fundamento esgrimido por el Minvu para justificar su proyecto es que tal base aérea no cumple con su objetivo y que, por lo tanto, ese amplio terreno inserto en el área urbana metropolitana está subutilizado. Por esto, se decidió desmantelarla para ocupar el terreno disponible con un gran parque público de 50 hectáreas y con 15 mil viviendas para la clase media, más una serie de equipamientos necesarios para la comuna de Cerrillos. En un principio -para hacer más atractivo la iniciativa- se aseguró que allí se iba a construir la casa presidencial. Para simplificar la tramitación de los permisos ambientales el titular del proyecto lo ingresó al sistema como una “declaración”, con lo cual pasó por alto la esencia de la Ley Ambiental, que es el principio precautorio. Esta lenidad pública es recurrente y, por lo tanto, no nos debe extrañar. Es más, a ciertos ministros no les interesa que se cumpla esta legislación, porque la consideran una “traba” al crecimiento económico y, en ocasiones, se mofan de quienes hacen valer los valores de la naturaleza y alertan sobre las capacidades de carga de los ecosistemas. Existe el análisis Consideraciones Ambientales del Proyecto Portal Bicentenario de Cerrillos, de los especialistas Hugo Romero y Alexis Vásquez, de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, respectivamente, quienes entregan valiosas evidencias ambientales referidas a la desafectación de la declaratoria de protección de los conos de aproximación al aeropuerto. Advirtieron a quienes toman las decisiones que eliminar esos conos es una medida contraria al Plan de Descontaminación. El arquitecto y académico Jonás Figueroa en su artículo Operación Cerrillos: entre el relleno y el fragmento publicado en el libro “Hacer Ciudad”, también entrega concluyentes datos que demuestran el perjuicio ambiental que se produciría al obstruirse el canal de ventilación del SO al NE. En conjunto, estos especialistas concluyen que la restricción de los terrenos adyacentes al sur del aeropuerto hay que mantenerla por las consideraciones que ellos entregan en sus estudios. El profesor Figueroa afirma que “la gigantesca cuña de suelo formada por las áreas de protección y el cono de aproximación de tráfico aéreo constituye el único corredor de vientos de baja altura que ventila la ciudad. Y concluye afirmando que “es necesario abundar que las pistas de hormigón del aeropuerto actúan como una gran placa radiante de los rayos solares que provoca por convección, el movimiento vertical del aire”. Como estamos ante un hecho consumado y todo parece indicar que no hay vuelta atrás, esperamos que -a partir de ahora- las cosas se hagan bien para el proyecto inmobiliario Portal Bicentenario. Esto significa que Mideplán debe elaborar la respectiva evaluación social y la Conama tendrá que hacer su tarea coordinadora para que los distintos servicios públicos, vía un riguroso Estudio de Impacto Ambiental, opinen fundadamente sobre todos los aspectos del proyecto como también de sus externalidades negativas y las fórmulas que se considerarán para mitigarlas. De esta manera, en el proceso de participación ciudadana, contemplado en el “Estudio”, los colegios de Ingenieros y de Arquitectos, Cámara de la Construcción, ministerios sectoriales, grupos ambientalistas, comunidad científica, universidades y, en general, todos aquellos que lo deseen, puedan emitir sus juicios sobre este gravitante cambio en la ciudad. Debemos tener en cuenta que en Chile no hay una ley que contemple una captura parcial de las plusvalías territoriales derivadas de decisiones del Estado por cambios en los usos de suelo o por obras de infraestructura vial ejecutada con fondos públicos o vía concesiones. Por esto, fue desafortunado impulsar una iniciativa comercial que producirá ingentes ganancias a los titulares del dominio de los predios (entre 500 y 1.000 hectáreas) situados en los conos de aproximación, que en la actualidad tienen limitaciones en sus coeficientes de constructibilidad y altura. Los mayores beneficiados con la liberación aludida son una conocida empresa constructora y quienes han estado adquiriendo esos terrenos en los últimos años, lo que será investigado por la Cámara de Diputados a partir de marzo, de acuerdo con las informaciones de prensa. Llamamos a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo en tramitar la legislación ad hoc, con la idea de que el Estado pueda obtener mayores recursos para sus planes sociales. Nos habría gustado que la flamante presidenta electa Michelle Bachelet hubiera decidido sobre este gravitante asunto, porque ella -como ex ministra de Defensa- conoce muy bien sus implicancias.



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