Defendamos la ciudad

El 12 de diciembre de 2005 el Gobierno Regional Metropolitano aprobó la Resolución Nº 116 referida al desmantelamiento del Aeropuerto Los Cerrillos, modificación del uso de suelo de las 245 hectáreas de esa infraestructura y megaproyecto inmobiliario Portal Bicentenario, decisión gubernamental que ha generado una polémica en la opinión pública. Con anterioridad (14 de Abril de 2005) y como requisito previo, la Corema había aprobado la Resolución Exenta Nº 147, por medio de una simple Declaración de Impacto Ambiental denominada “MPRMS 80 Aeropuerto Los Cerrillos-Portal Bicentenario”, acto administrativo que ha sido objetado por muchos porque no se hace cargo de los efectos colaterales que tendrá esa modificación en el territorio de nuestra megalópolis. Recordemos que una cierta parte de la superficie del terreno que acoge al aeropuerto está contaminada por residuos de hidrocarburos. El fundamento esgrimido por el Minvu para justificar su proyecto es que tal instalación aeroportuaria no cumple con su objetivo y que, por lo tanto, ese amplio terreno inserto en el Área Urbana Metropolitana está subutilizado. Por ello se decidió desmantelar la base aérea y ocupar el terreno disponible con un gran parque público de 50 hectáreas y con 15.000 viviendas para la clase media, más una serie de equipamientos necesarios para la comuna de Cerrillos. En un principio y para hacer más atractivo la iniciativa se aseguró que allí se iba a construir la casa presidencial. La esencia de la Ley Ambiental es el principio precautorio, lo que al parecer, nuestras autoridades sectoriales han olvidado y por ello elaboran fáciles “Declaraciones” en lugar de “Estudios” cuando los proyectos o actividades los hacen necesarios. Esta lenidad pública es la que no permite que opere a cabalidad el Sistema y ello sucede porque la institucionalidad ambiental no asume sus deberes. A los ministros en general no les interesa la materia y más aún, algunos de ellos se mofan de quienes hacen valer los valores de la naturaleza y alertan sobre las capacidades de carga de los ecosistemas. Por lo anterior y con el propósito de que la Contraloría no tomara razón de la Resolución Nº 116, ya que sostenemos que este trascendente cambio requiere ser evaluado con seriedad a través de un “Estudio”, le hicimos llegar al ente fiscalizador el análisis “Consideraciones Ambientales del Proyecto Portal Bicentenario de Cerrillos” de los especialistas Hugo Romero y Alexis Vásquez de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, respectivamente, quienes entregan valiosas evidencias ambientales referidas a la desafectación de la declaratoria de protección de los conos de aproximación al aeropuerto. Estos profesionales están advirtiendo a quienes toman las decisiones que eliminar esos conos es una medida contraria al PPDA (*). También le entregamos a la Contraloría el libro “Hacer Ciudad”, porque allí se encuentra el artículo “Operación Cerrillos: entre el relleno y el fragmento” del arquitecto, urbanista y académico Jonás Figueroa. Este, en concordancia con los anteriores, entrega concluyentes datos que demuestran el perjuicio ambiental que se produciría al obstruirse el canal de ventilación del SO al NE. Estos tres académicos concluyen que los terrenos adyacentes al sur del aeropuerto son los que realmente interesa preservar por las consideraciones que ellos entregan en sus estudios. A mayor abundamiento, el profesor Figueroa afirma que “la gigantesca cuña de suelo formada por las áreas de protección y el cono de aproximación de tráfico aéreo constituye el único corredor de vientos de baja altura que ventila la ciudad. Y concluye afirmando que “es necesario abundar que las pistas de hormigón del aeropuerto actúan como una gran placa radiante de los rayos solares que provoca por convección, el movimiento vertical del aire”. Las autoridades que impulsan el proyecto han manifestado que las modificaciones a los instrumentos de planificación urbana siempre ingresan al SEIA (*) vía “Declaraciones”, porque no se evalúan obras que producen alteraciones en el territorio. Pero en el caso que nos interesa, sí se produce una transformación radical en el territorio adyacente al aeropuerto y por ello el gobierno tiene que proceder con responsabilidad y analizar el proyecto considerando todos los elementos de juicio que los académicos y planificadores han dado a conocer. Más aún, si esta eliminación de infraestructura de transporte de nivel nacional no ha sido evaluada por los organismos competentes. En efecto, con respecto al desmantelamiento del aeropuerto, el artículo 1.6. del PRMS (*) ordena al jefe de la DGAC (*) que justifique la modificación desde el punto de vista de los recursos de la aviación civil en función del desarrollo nacional, informe eminentemente técnico que no le solicitó en su oportunidad el titular del proyecto, es decir, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y dado que estamos viviendo en un mundo tan globalizado e interdependiente, qué opinará la OACI (*), organismo de las Naciones Unidas, sobre esta supresión?. Hay razones de peso para sostener que es inconveniente que nuestra ciudad disponga de un solo aeropuerto -Comodoro Merino Benítez- sobre todo porque los tráficos aéreos de pasajeros y mercancías son crecientes y más todavía si consideramos que aumentarán como consecuencia de los TLC (*) que nuestro país está suscribiendo con otros países. Por otro lado debemos tener en cuenta que mientras en Chile no exista una ley que contemple una captura parcial de las plusvalías territoriales derivadas de decisiones del Estado por cambios en los usos de suelo o por obras de infraestructura vial ejecutada con fondos públicos o vía concesiones, es poco ético impulsar una iniciativa comercial que producirá ingentes ganancias a los titulares del dominio de los predios (entre 500 y 1.000 hectáreas) situados en los conos de aproximación, los que en la actualidad tienen limitaciones en sus coeficientes de constructibilidad y altura. Los mayores beneficiados con la liberación aludida son una conocida empresa constructora y en menor medida una empresa pública. Dado que el gobierno saliente está insistiendo en su proyecto, somos partidarios de que las cosas se hagan bien y ello significa que Mideplán debe elaborar la respectiva evaluación social y la Conama tendrá que hacer su tarea coordinadora para que los distintos servicios públicos, vía un riguroso Estudio de Impacto Ambiental, opinen fundadamente sobre todos los aspectos del proyecto como también de sus externalidades negativas y las fórmulas que se considerarán para mitigarlas. De esta manera, los Colegios de Ingenieros y de Arquitectos, Cámara Chilena de la Construcción, Ministerio de Agricultura, grupos ambientalistas, comunidad científica, universidades y en general todos aquellos que lo deseen, puedan emitir sus juicios sobre este gravitante cambio. El “Estudio” que hemos aludido contempla el proceso de participación ciudadana, instancia que es coherente con nuestro sistema político democrático. Por último y determinante, ya que la flamante presidenta electa Michelle Bachelet tendrá que hacerse cargo del proyecto, sostenemos que esta política pública debe ser resuelta por su gobierno. La prudencia y las buenas formas así lo aconsejan. (*) PPDA = Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica SEIA = Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental OACI = Organización Internacional de Aviación Civil PRMS = Plan Regulador Metropolitano de Santiago DGAC = Dirección General de Aeronáutica Civil TLC = Tratados de Libre Comercio