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La opinión pública desde hace unos 4 años tiene pleno conocimiento de que todos los guetos verticales construidos en la comuna de Estación Central son ilegales, conforme a diversos dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República y fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago como también de la Corte Suprema y más encima del Tribunal Constitucional (TC), los que han rechazado los recursos interpuestos por las inmobiliarias que han lucrado a destajo con esas invasivas torres habitacionales, con agrupamiento continuo de 25, 30, y hasta 40 pisos levantadas en una zona determinada de esa comuna que carecía de normas urbanísticas, por la simple razón de que allí no existía un Plan Regulador Comunal (PRC).
Este obsceno episodio lo publicamos el 2 de enero de 2018 en este medio de prensa:
Desde que se conocieron los dictámenes del ente fiscalizador, el Colegio de Arquitectos de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), la Asociación de Directores de Obras Municipales y todas aquellas entidades privadas relacionadas con el negocio inmobiliario aducían, con diferentes y frívolos argumentos, que los permisos otorgados por el Director de Obras Municipales (DOM) de Estación Central respetaban las reglas del juego, lo que era divulgado por los medios de prensa que se prestan para publicar falsedades y hasta por los canales de televisión.
Debemos entender que esa inicua campaña comunicacional, que distorsionaba la verdad, se realizaba por solicitud de los lobbystas de turno para establecer la impunidad a todo evento, lacra habitual en nuestro querido país.
Miguel Lawner fue el único arquitecto que denunció con convicción esa práctica de corrupción institucionalizada, lo que le valió una áspera discusión con el presidente del Colegio de Arquitectos. En todo caso Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, durante el gobierno de Bachelet, en pleno debate público, se vio en la necesidad de decirle por escrito, vía ORD.N° 0532 del 27/09/17, al presidente del directorio de la CChC, institución que puso el grito en el cielo cuando se conocieron los primeros informes ministeriales, que su obligación, como autoridad máxima sectorial, era exigir el cumplimiento de las leyes, comportamiento honesto que nos llenó de satisfacción, pues así debe funcionar ese mercado y todos.
Las primeras denuncias en la municipalidad de Estación Central fueron hechas en el año 2014 por una docena de Juntas de Vecinos, lideradas por la Agrupación de Defensa de Barrios Estación Central, presidida por el puntudo vecino Alejandro Verdugo, a quien aprovechamos de felicitar por sus acciones duras en contra de las artimañas para hacer negocios. Él fue recibido por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, expresando a sus oyentes, con lujo de detalles, todo lo acontecido. Pero los diputados optaron por desentenderse de la fundada denuncia.
En razón a que la Contraloría había resuelto en sus dictámenes, dirigidos al alcalde Rodrigo Delgado, que era imperiosa la invalidación de los permisos mal otorgados por Armin Seeger, DOM en aquel entonces, a inicios de noviembre de 2020, conforme al mandato de la Ley N° 20.285 de Transparencia, le solicitamos a la nueva DOM, Isabel Gaete que, sobre los 73 permisos de edificación y 30 anteproyectos aprobados a partir del año 2013, nos entregara la siguiente información de carácter pública:
Anteproyectos cuyos titulares se desistieron de solicitar permisos de edificación.
Permisos de edificación invalidados conforme al artículo 53° de la Ley N° 19.880, indicándose fecha, nombre del titular y dirección del proyecto. Permisos cuyos edificios cuentan con recepción final de obras, indicándose fecha, nombre del titular y dirección del proyecto.
Sumas ingresadas al municipio por concepto de derechos municipales asociados al presupuesto de cada permiso de edificación, señalándose los números y fechas de emisión de cada uno de esos actos administrativos ilegales, monto pagado y nombre de la empresa titular de cada uno de ellos
Debido a que dicha funcionaria municipal no respondió, fue necesario recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia y solo con la intervención de este servicio, la municipalidad contestó en forma muy incompleta, aludiendo solamente a 49 permisos, motivo por el cual esa respuesta se la dimos a conocer a la Contraloría, pues sus categóricos dictámenes a la fecha no han sido acatados.
Es obvio que estamos, por los elevados montos de dinero involucrados, ante el hecho de la mayor corrupción inmobiliaria, de todos los conocidos que hemos denunciado y por ello es indispensable que la ciudadanía sepa que el 10 de julio de 2007, vía ORD. N° 0549, aludiendo a una consulta del 26/06/07, mientras el alcalde era Gustavo Hasbún, el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, le manifestó al Seremi de Vivienda y al DOM de Estación Central, que en aquella época no era el arquitecto Seeger, en orden a que, no existiendo un PRC en una zona determinada, no se pueden autorizar permisos con agrupamiento de edificación continua. Más claro imposible.
Entonces el actual ministro Delgado, quien asumió el cargo de alcalde el año 2008, tiene la obligación de responder si llegó a sus manos dicho determinante documento público que impedía los guetos verticales, edificios que se construyeron con la firma del DOM Seeger, quien podrá alegar para defenderse, que el mencionado oficio no le fue entregado por su antecesor en el cargo.
A la luz de lo informado, se concluye que las autoridades del Minvu del gobierno pasado procedieron correctamente, que la Contraloría ejerció bien el mandato que le entrega la Constitución y su propia ley orgánica, que la Municipalidad de Estación Central, por motivos que todavía se desconocen, facilitó al margen de la ley una serie de millonarios negocios a ciertos empresarios, por lo tanto para evitar una nueva práctica de enriquecimientos privados ilícitos, tendrán que ejercer sus atribuciones el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público, pues solo así se conocerá la verdad de lo acontecido.
Estamos casi seguros que Juan Antonio Peribonio y Jorge Abbott, presidente del CDE y fiscal nacional, respectivamente, siendo autoridades que no se amilanan, cumplirán con sus deberes funcionarios, para lo cual tendrán que solicitarle todos los antecedentes a la Contraloría. Afortunadamente el nuevo alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, mientras fue concejal, conoció al dedillo este oscuro incidente que lo denunció y por lo tanto tendrá mucho que decir.
Finalmente, sin importar si Delgado sabía o no sabía que estas edificaciones eran ilegales, sería interesante saber si está de acuerdo con la investigación penal que este columnista propone. Aunque cabe la remota posibilidad de que, “por razones de Estado”, recordando lo que sucedió con los cheques de un hijo de Pinochet, la contemplativa institucionalidad chilensis opte por no hacer nada.