25 Agosto 2005
La Nación

Inmobiliaria contraataca con amenazante carta a los vecinos

La polémica por el edificio de calle Carmencita 262 sigue al rojo. Ayer, el turno de pasar al ataque fue de la Inmobiliaria. Por medio de una carta, la empresa amenazó con presentaciones en tribunales a cada uno de los vecinos del inmueble contiguo que presentaron una demanda en contra del municipio de Las Condes, la Dirección de Obras y contra la propia constructora.

“Hacemos presente a ustedes que estas acciones de indemnización de perjuicios implicarán sumas importantes y cuantiosas de dinero, que se demandará en contra de todos y cada uno de ustedes, lo que pondrá en riesgo los bienes y el patrimonio de cada comunero e implicará que todos los comuneros se vean sometidos a las molestias propias de un proceso judicial”, reza la carta. En la misiva, la empresa acusa además al administrador del edificio de Carmencita 246 de haber “recibido pago de terceras personas ajenas a la comunidad”. La respuesta del aludido no se hizo esperar. “Es falso”, contestó Carlos Ramos, quien lleva cerca de quince años administrando el inmueble. “Mire, esa carta fue hecha informalmente y levanta calumnias. Es más, eso le va a resultar un boomerang a la constructora por el respaldo que tengo en la comunidad”. Ramos comentó que la carta es un intento de amedrentamiento que no surtirá efecto. “Ese cuento no se lo vamos a creer porque estamos asesorados por un profesional. No nos amedrenta, para nada”. “La mejor señal para el mercado inmobiliario es entender que no es buen negocio violar las normas, porque a la larga todo se descubre”, agregó Patricio Herman, de la agrupación Defendamos la Ciudad. “Sabemos que en la comuna de Las Condes se cometen este tipo de trampas”. El abogado de la comunidad de Carmencita 246, Tomás Fabres, explicó que “al demandar a la inmobiliaria estamos pidiéndole que establezca una posición. No hay una razón de fondo para demandarla, porque puede haber sido víctima del municipio. Pero le pedimos que tome partido en su contestación”. Según el profesional, la comunidad persigue que la empresa se sume a la demanda contra la Municipalidad que extendió el permiso. “Así, si se decreta la nulidad de la autorización, va a quedar legitimada para demandar al municipio y no sería considerada infractor al igual que éste”.




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